El Consejo de Estado le ordenó a la Unidad Nacional de Protección (UNP) reintegrar el esquema de seguridad a dos activistas de los derechos humanos pertenecientes a la organización Ana Frank en el sector de alto de Cazucá en el sur de Bogotá.
El alto tribunal tomó la decisión al revisar la acción presentada por los dos activistas que manifestaron que debido a las amenazas recibidas por grupos paramilitares la UNP les otorgó un esquema de protección.
El mismo consistía en un escolta, chalecos antibalas, auxilio de transporte y un teléfono celular. Esto después que el estudio realizado por la Unidad arrojara que existía un nivel de riesgo extraordinario para los dos defensores.
Sin embargo, en febrero del año pasado el esquema les fue retirado a los dos activistas argumentando un problema presupuestal. Debido a esto, señalaron, su vida y la de sus familiares se encuentra en riesgo, puesto que tienen que movilizarse en sistema de transporte público, arriesgando su integridad personal.
Para el Consejo de Estado “la UNP no puede escudarse en la falta de disponibilidad presupuestal máxime cuando asumió obligaciones a favor de los actores como beneficiarios del programa de protección”. Ante esto se piden tomar las medidas de fondo y urgentes para salvaguardar la integridad de los activistas.