La Sección Tercera del Consejo de Estado le solicitó a la Fiscalía General investigar a los miembros de las Farc por su participación en delitos contra el medio ambiente. Esto tras la explosión y vertido de hidrocarburos al oleoducto trasandino durante el ataque a un convoy del Ejército que se movilizaba entre los municipios de Puerres y Monopamba (Nariño) el 15 de octubre de 1996.
El tribunal de lo contencioso administrativo hizo la solicitud formal ante la Unidad de Delitos Ecológicos con el fin de que se determine si es procedente investigar a dicho grupo guerrillero y sus miembros en este tipo de acciones, principalmente a la que se hace mención.
En el fallo judicial se pidió analizar además la responsabilidad de los órganos estatales y las Farc en el que es considerado el “ataque más brutal” de las Farc en contra del Ejército Nacional. En la acción los subversivos remataron a los uniformados que quedaron con vida. El trágico saldo: 33 soldados muertos, 17 gravemente heridos otros secuestrados.
En la acción subversiva, los guerrilleros explotaron el oleoducto provocando así un daño ambiental incalculable y casi irreparable. El Consejo de Estado condenó a la Nación, representada en el Ejército Nacional, por las fallas y omisiones en la protección a la población y en el servicio para evitar el ataque guerrillero.
En el debate jurídico se determinó que no se adelantó una labor de inteligencia adecuada para proteger el desplazamiento de los uniformados pese a la información que existía sobre la proximidad de un ataque a la Fuerza Pública y a la población civil.
Además no se realizaron los entrenamientos previos, tal y como está fijado en el manual de operaciones de la Unidad Táctica, para verificar los riesgos a los que se podía exponer el convoy con artefactos explosivos en la vía, por el contrario, recogieron a otros soldados.
La protección del Estado
El alto tribunal manifestó que debido al conflicto armado el Estado debe cumplir con su deber de proteger los derechos de todos los ciudadanos, principalmente los que tienen una relación directa con el mismo. En este sentido se reiteró que el concepto de víctima y su extensión a la familia de la víctima directa, por lo que pidió que los familiares sean incluidos en la Ley de Víctimas.
“El Estado es responsable del resultado perjudicial ya que no se correspondió con los principios de humanidad, esto es, con aquellos que exigen que el ejercicio de toda actividad, como por ejemplo las misiones de seguridad asignadas a los miembros de las fuerzas armadas, debe estar orientada hacia la preservación de los derechos, y no al sacrificio absoluto de estos por una causa que legal y democrática no está llamado ningún individuo a soportar porque implicaría la supresión de la esencia propia del ser humano como destinatario de la protección”, precisa uno de los apartes del fallo.
En el caso materia de estudio se estableció que las Farc violaron los convenios 2 y 3 de Ginebra que hacen referencia a los principios de la humanidad en el conflicto puesto que algunos uniformados recibieron tiros de gracia. “La muerte de personas en el marco de un conflicto armado interno no puede tener como unívoca lectura la constatación del fallecimiento material, sino que exige asociarlo al respeto de la dignidad humana”, cita el extenso fallo.
Al estudiar las pruebas allegadas se pudo evidenciar que los vehículos empleados en el desplazamiento no eran los más indicados, pues no servían para nuestra topografía. Además, se vulneraron principios de protocolo, pues en el primer vehículo no podían ir los equipos de comunicaciones y se hizo de esa manera, por lo que en el ataque no pudieron informar su situación.
Finalmente, se comprobó fallas en la cadena de mando, por lo que el Consejo de Estado llama en garantía a los coroneles de la Tercera Brigada, que se desempeñaban como tal en la época, pues el apoyo no fue oportuno y solo llegó cuando fueron masacrados varios militares, otros heridos y algunos secuestrados.