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El Consejo de Estado le envió una misiva a la Sala Administrativa del Consejo Superior de la Judicatura en la que se solicita que se adopten medidas inmediatas con el fin de darle continuidad al Plan Nacional de Descongestión que terminaría el próximo 15 de noviembre.
En la misiva, se manifiesta que existe una gran preocupación sobre la cercanía del vencimiento de las medidas de descongestión de la Rama Judicial. En este punto aseguran que hasta la fecha no se han adoptado decisiones de fondo que le den una solución definitiva a esta delicada situación.
El alto tribunal indica que después del 15 de noviembre se removerán más de 2 mil cargos de descongestión judicial distribuidos de la siguiente manera: 210 en el Consejo de Estado, 790 en los Tribunales Administrativos, 215 en los juzgados administrativos y 75 despachos de magistrados de los Tribunales.
Debido a esto, reseña el tribunal de lo contencioso administrativo, se presentará un colapso en la justicia “ante la desaparición de los cargos que vienen atendiendo el Plan Especial de Descongestión” afectando así la administración de justicia.
En el documento se advierte que el anuncio de solicitar resultados a los funcionarios judiciales con el fin de medir sus competencias y determinar si siguen o no en sus respectivos cargos va en contravía del desarrollo normal de la política de descongestión concebida para agilizar la demanda de justicia y facilitar la revisión, estudio y emisión de fallos.
“Lo que resultaría procedente es la remoción o desvinculación de los funcionarios por razones del servicio por parte de sus nominadores y previas las explicaciones a que haya lugar para no violar así sus derechos laborales, de defensa y contradicción”, precisa uno de los apartes de la carta.