Consejo de Estado puso punto final a billonario litigio de 30 años

De haberse avalado las pretensiones de los demandantes el Estado habría tenido que pagar más de mil billones de pesos.

El presidente del Consejo de Estado, Gustavo Gómez Aranguren precisó que el alto tribunal negó la demanda interpuesta en contra de la Nación con la cual se buscaba una billonaria indemnización a favor de la familia Durango en el departamento de Antioquia.

El magistrado señaló que este era la demanda más grande presentada en contra de la Nación argumentando “causas contra del Estado y por responsabilidad del mismo” y cuyo litigio inició en agosto de 1967.

Según la demanda, el entonces Instituto Colombiano de Reforma Agraria (Incora) se demoró en adelantar los trámites administrativos que buscaban la extinción de dominio, argumentando que solamente se conoció una respuesta en 2001.

El magistrado Enrique Gil Botero anunció que la pérdida de posesión y tendencia de la propiedad no es imputable al Estado porque el Incoder no les impidió ejercer sus derechos “como poseedores efectivos de su herencia, ni obstaculizó el proceso de sucesión que debieron adelantar”.

“En ningún momento los actores estuvieron impedidos para ejercer efectivamente la posesión que tenían derecho y realmente aunque hubo una mora escandalosa de 33 años en resolver una petición a los actores, ellos no hicieron uso formal alguno de los mecanismo legales que tenían para poder hacer valer su condición de posesión efectiva que les había sido reconocido en la sucesión de su pariente”, precisó el magistrado en rueda de prensa.

En este caso, los demandantes reclamaban la posesión sobre el predio denominado “Tierras del Oriente Antioqueño” que comprendía 190 mil hectáreas de esta región, comprendidas en nueve municipios y un yacimiento carbonífero.

En este sentido se indica que los demandantes contaban con todos los instrumentos legales para solicitar que las autoridades administrativas o judiciales decretaran la recuperación material de los mencionados terrenos ocupados por terceros.

“Los demandantes se equivocan en pretender que el Estado repare un año que no irrogó. Por el contrario, la lesión se produjo por la imposibilidad que se ha generado en finiquitar o terminar la sucesión judicial del señor Mirocletes Durango, al grado que tal que al año 2001 la misma se encontraba inconclusa, circunstancia que tampoco está relacionada con la actuación administrativa, circunstancia que tampoco está relacionada por la actuación administrativa de extinción de dominio”, precisa uno de los apartes de la sentencia.
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“En ningún momento los actores estuvieron impedidos para ejercer efectivamente la posesión que tenían derecho y realmente aunque hubo una mora escandalosa de 33 años en resolver una petición a los actores, ellos no hicieron uso formal alguno de los mecanismo legales que tenían para poder hacer valer su condición de posesión efectiva que les había sido reconocido en la sucesión de su pariente”, precisó el magistrado en rueda de prensa.