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El Consejo de Estado dictó medidas cautelares de urgencia que suspenden provisionalmente la votación de la consulta popular sobre proyectos y actividades mineras en Ibagué (Tolima) mientras se toma una decisión de fondo en la tutela presentada en contra del fallo del Tribunal Administrativo del Tolima que convocó la votación para el próximo 30 de octubre.
El magistrado ponente consideró que es pertinente que se suspenda la convocatoria a dicha consulta popular puesto que la providencia que la declaró constitucional se encuentra actualmente es cuestionada mediante varias acciones de tutela, hecho por el cual se podría generar un casos jurídico que sería más grave si se realiza la votación.
“Mientras se surte el trámite de la acumulación, el despacho considera pertinente y necesario, como medida de urgencia, suspender la votación programada para el próximo 30 de octubre para garantizar no solo la efectividad de la sentencia de tutela, sino los derechos afectados si se permite participar en la consulta popular sin que esta Corporación haya examinado la providencia del 28 de julio de 2016”, precisa el documento.
El despacho judicial considero que sería “caótico” que se someta a consulta la pregunta que busca conocer la posición de la población frente a las actividades de exploración y explotación minera en el municipio mientras se adelanta el estudio de la demanda que le dio vía libre a las votaciones que prácticamente culminan con el trámite de la consulta popular.
“Como existen tutelas con identidad fáctica y jurídica, el despacho, en auto separado, dispondrá de la acumulación de procesos para decidir en una sola sentencia sobre la protección de los derechos fundamentales presuntamente vulnerados o amenazados por la decisión del Tribunal Administrativo del Tolima de avalar la constitucionalidad de la pregunta que se someterá a consulta popular en el municipio de Ibagué”, advierte la decisión.
En el fallo demandado el Tribunal Administrativo avaló la pregunta. “¿Está usted de acuerdo SÍ o NO que en el Municipio de Ibagué se ejecuten proyectos y actividades mineras que impliquen la contaminación del suelo, pérdida o contaminación de las aguas de afectación de la vocación agropecuaria y turística del municipio?”.
Un grupo de abogados y ciudadanos consideraron que la pregunta es abiertamente inconstitucional puesto que es injuriosa y falta a la verdad, afectando así la libre voluntad del votante a la hora de acercarse a las urnas.