Al aceptar la demanda presentada por la Red por la Justicia Tributaria, la Sección Primera del Consejo de Estado decretó medidas cautelares de urgencia que suspenden provisionalmente la venta del 57,7% de las acciones del Gobierno de la empresa Isagén S.A.
En la providencia el tribunal de lo contencioso administrativo señala que “resultaría más gravoso para el interés público negar la medida cautelar que concederla, debido a los efectos patrimoniales implícitos en el proceso de enajenación de la propiedad accionaria. Con esta decisión se suspendió de manera provisional el Decreto 1609 de 2013 que autoriza la venta de las acciones de la Nación en Isagén.
“De no decretarse la medida cautelar, los efectos de una eventual sentencia estimatoria de las pretensiones se harían nugatorios, pues para cuando se profiera la sentencia que corresponda en derecho, la venta de la propiedad accionaria estatal estaría inexorablemente consumada”.
El Consejo de Estado tuvo en cuenta que Isagen S.A. E.S.P. es la tercera generadora de energía eléctrica en importancia del país, presenta superávit y eficiencia financiera, y constituye un importante activo que genera dividendos significativos para la Nación. “Particularmente ilustrativos, al efecto, son los resultados sobre las utilidades en el año 2013 y sobre el cumplimiento del Pan de Expansión para el año 2014”.
En la acción presentada se indicó que con la decisión del Gobierno se incurrió en un detrimento patrimonial así como un daño irremediable para la Nación y el interés general. Ante esto el alto tribunal decretó las medidas cautelares hasta que no se tome una decisión de fondo. (Ver Consejo de Ministros aprobó alza en el precio base para la venta de Isagén)
En este punto asegura la Corporación que se vulneró el artículo 334 de la Constitución Política de Colombia puesto que de autorizarse la venta del paquete accionario a un grupo de terceros se podría perder el patrimonio público.
Según el demandante, la medida es contraria a la normativa constitucional y legal, debido a que no se incluyó dentro del Plan Anual de Desarrollo ni dentro del Plan Operativo a Mediano Plazo, ni se pidió autorización al Congreso de la República para autorizar la venta.
En contra de esta decisión también se han interpuesto acciones ante el Tribunal Administrativo de Cundinamarca y la Contraloría General. (Ver Defensa de expresidente Uribe pide suspender provisionalmente venta de Isagén)
Los siete oferentes
El pasado 27 de marzo, por medio de un comunicado de prensa, el Ministerio de Hacienda informó que los potenciales precalificados para comprar las acciones de la Nación entregaron sobres cerrados ante la Bolsa de Valores de Colombia (BVC) en sus oficina de Bogotá.
“Durante los siguientes tres días hábiles el Comité Técnico del proceso de enajenación (conformado por la Presidencia de la República, los Ministerio de Hacienda y Minas, y el DNP) evaluará si la información recibida a fin de determinar si los mismos reúnen los requisitos técnicos y financieros necesarios para precalificarse. En total se presentaron siete sobres”, precisó.
En el documento se presentó la lista de los siete oferentes. Igualmente se señaló que tenían 13 días hábiles (tres de revisión inicial, ocho para subsanación y dos para revisión definitiva). “Los interesados que precalifiquen exitosamente podrán participar en la subasta que tendrá lugar el 8 de mayo”.