Consultas mineras se hacen por falta de espacios de participación: organizaciones

La Sala Plena realiza audiencia sobre el futuro de las consultas mineras / Corte Constitucional

Una defensa de las consultas populares en temas de minería y de proyectos extractivos realizaron varias organizaciones sociales ante la Corte Constitucional este jueves. ¿La razón? Que se estarían utilizado ante la falta de participación real de los municipios y de la ciudadanía en la planeación de los proyectos. Así lo indicó Diana Rodríguez, del Centro de Estudios de Derecho, Justicia y Sociedad (Dejusticia).

“El aumento de consultas populares no es un problema sino un síntoma del verdadero problema: la ausencia de espacios de participación efectivos para las entidades territoriales y los ciudadanos en las decisiones sobre minería e hidrocarburos”, dijo. Rodríguez habló en el marco de una audiencia pública que se convocó sobre el futuro de este mecanismo.

La discusión en la Corte está relacionada con la tutela que presentó la empresa Mansarovar Energy Colombia en contra del fallo del Tribunal Administrativo de Cundinamarca que dio su visto bueno a una consulta en Cumaral y en la que ganó el ‘no’ a la extracción de hidrocarburos. Rodríguez señaló que los municipios tienen plenas facultades para convocar a las consultas, de acuerdo con la ley vigente y pidió no sobredimensionar este asunto, destacando que se han hecho hasta el momento nueve consultas.

 (Vea: Gobierno pide concertación en proyectos mineros y rechaza prohibición popular)

La directora del Centro de Estudios para la Justicia Social Tierra Digna, Viviana Tacha Gutiérrez, resaltó que las consultas serían una respuesta por los títulos que se otorgaron sin la participación efectiva de las comunidades. Y le pidió a la Corte que esas votaciones deben ser respectadas. “El llamado respetuoso que le hacemos a la Corte es que, si va a tener en cuenta la confianza legítima y la buena fe alegadas por las empresas, también se miren estos principios para las comunidades involucradas y afectadas”, dijo.

La defensora delegada para Asuntos Constitucionales y Legales, Paula Robledo Silva, resaltó que la facultad de los municipios para convocar a estas consultas no está en duda, como tampoco que el resultado de estas es de obligatorio complimiento. Frente a la petición del Gobierno Nacional de hacer concertaciones con las comunidades sobre proyectos extractivos, la defensora Silva resaltó que no está claro qué hacer cuando esos procesos fracasan.

Además, insistió que el diálogo debe hacerse antes de que se otorguen las respectivas licencias y permisos de exploración. “El Gobierno no puede seguir adelante con la pretensión de una política minero-energética únicamente desde el nivel central, de espaldas a las comunidades”, señaló. A su turno, el procurador Delegado para Asuntos Ambientales, Gilberto Augusto Blanco, dijo que es necesario unificar las diferentes leyes que existen sobre el sector de minería e hidrocaurburos.  

(Vea: Consultas y minería, en manos de la Corte Constitucional)

El presidente de la Asociación Colombiana de Petróleos (ACP), Francisco José Lloreda, señaló que los aportes que hace la industria benefician a todos los colombianos. "Esta industria es clave en materia de seguridad energética y está comprometida con el ambiente y el desarrollo de las regiones", señaló. Lloreda aseguró que el sector no está en contra de los mecanismos de participación ciudadana y que, por eso, debería haber un diálogo y una concertación. "La consulta tiene un resultado de 'sí' o 'no' cuando lo que estamos mirando son impactos. Hay otros mecanismos. La industria está seriamente amenazada", precisó. Tras realizar esta audiencia, la magistrada Cristina Pardo deberá preparar un proyecto de fallo ante la Sala Plena de la Corte Constitucional.