Las desapariciones forzadas continúan en Colombia, indica un informe del Grupo de Trabajo de la ONU autorizado en la materia, cuyo debate concluyó este martes en Ginebra.
"La desaparición forzada continúa siendo una práctica persistente" en Colombia, dice el informe, sometido al Consejo de Derechos Humanos de la ONU, un órgano constituido por 47 países elegidos por el voto secreto de la Asamblea General de Naciones Unidas, que no integra Colombia.
Formado por cinco expertos independientes que trabajan a título honorífico, este Grupo constató "nuevamente la impunidad en que se encuentra la casi totalidad de los casos de desaparición forzada".
La delegación gubernamental colombiana replicó que 284 desapariciones que le fueron señaladas por el Grupo "se han clarificado", aunque admitió que faltan "numerosos casos" por esclarecer. Colombia se compromete -dice- a "continuar trabajando hasta definir qué ocurrió en cada uno de ellos".
"Los familiares de las miles de víctimas no solo han tenido que soportar el dolor de no saber el paradero final de sus seres queridos, pero también vivir con el conocimiento que la gran mayoría de los victimarios jamás serán llevados ante la justicia", declaró a la AFP Marcelo Pollack de Amnistía Internacional (AI) por correo electrónico desde Londres.
Esos familiares "continúan siendo objeto de ataques, señalamientos, amenazas y persecuciones, sin que se les ofrezcan medidas efectivas para su protección", señala el informe de la ONU.
El Grupo de Trabajo considera "alarmante" que muchos de los casos "continúen siendo conocidos por tribunales militares", cuando la ONU preconiza que el juicio y castigo de las violaciones de los derechos humanos corra a cargo de los tribunales civiles.
Por consiguiente, expresa su "gran preocupación" por un proyecto de reforma judicial presentado por el actual gobierno que "expande sustancialmente el ámbito de competencia del fuero militar".
El proyecto de reforma constitucional "que permitiría al gobierno renunciar a la persecución judicial de violaciones de los derechos humanos cometidas por grupos que realicen acuerdos de paz en el futuro" ampliaría "la impunidad de desapariciones forzadas", manifestó a la AFP Gustavo Gallón, de la Comisión Colombiana de Juristas.