El juzgado 68 Civil Municipal de Bogotá, declaró improcedente una acción de tutela que interpuso la Contralora Sandra Morelli contra el columnista de este diario, Ramiro Bejarano Guzmán, para que le informara donde había obtenido o quién le había entregado un documento al que hizo alusión en un derecho de petición.
Se trata de una carta del 13 de abril de 2011 enviada por Edith Rocio González Martínez, abogada sustanciadora de la Contraloría, a Mónica Esperanza Cano Bedoya, adscrita al Laboratorio de Informática Forense del despacho de la propia contralora, en la que se incluyó un listado de varias personas respecto de las cuales se adelantaba una indagación.
El listado incluía funcionarios de la Contraloría, algunos cercanos a la propia contralora, y personalidades como los exministros Juan Carlos Esguerra, Juan Carlos Echeverry y Mauricio Santamaria, los hijos del excontralor Julio Cesar Turbay, la exsenadora Dillian Francisco Toro, el magistrado de la Corte Constitucional Mauricio González Cuervo, entre otros.
La Contralora Morelli solicito en ejercicio del derecho de petición a Bejarano que le entregara esa información, a lo cual éste se negó, invocando su derecho constitucional a no revelar la fuente.
Como consecuencia de esta respuesta, la contralora interpuso una acción de tutela por violación a los derechos fundamentales, la cual le fue negada, tanto porque Bejarano sí había contestado la solicitud, como porque el juzgado reconoció que la contralora no podía de ninguna manera pretender obtener la revelación de las fuentes de información obtenida por el columnista.
El juzgado 68 Civil Municipal de Bogotá, concluyó que obligar a Bejarano a que revelara información obtenida como columnista “iría en contravía de nuestro ordenamiento constitucional”.