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Luego de visitar 29 cárceles en 12 departamentos del país, la Contraloría General ratificó la grave situación en materia de derechos fundamentales de los presos en Colombia. Hacinamiento, la no separación de sindicados y condenados, la deficiente prestación de servicios de salud y alimentación, entre otras, fueron las falencias que encontró el contralor general, Edgardo Maya Villazon. Una de las carceles visitadas que más le preocupó a la Contraloría es la de Bellavista en Medellín, pues el ente contralor encontró un hacinamiento del 260% y, además, se identificaron partes de la prisión que están con alto riesgo de colapsar. (Lea: El plan de la Corte contra el hacinamiento carcelario)
El exceso de población, según la Contraloría, acarrea una insuficiencia de sanitarios, acelerado desgaste de estos, y permanente taponamiento y rebosamiento del alcantarillado en los patios, lo cual genera “graves” afectaciones a la salud de los presos en todo el país. También, en algunas prisiones se evidenció que los insumos para los tratamientos ambulatorios tienen que darlos los propios internos o sus familias. A su vez, por la falta de personal del Inpec, los presos tampoco pueden cumplir con las citas médicas que son asignadas fuera de los penales. (Lea: Crisis de salud, otro tumor para el sistema carcelario)
Otra de las problemáticas encontradas por la Contraloría es que las personas sindicadas de un crimen y condenadas, en la mayoría de los casos, no son separadas dentro de los penales. “Siendo derechos de las personas privadas de la libertad, que las detenidas preventivamente a la espera de una decisión judicial definitiva, sean separadas de aquellas sobre quienes existen fallos condenatorios, solo en el 10 % de los establecimientos visitados, la infraestructura permite hacer este tipo de separación (…)”. En Antioquia la Contraloría encontró que la separación de los internos se hace con base a la pertenencia o no a determinado grupo delincuencial, sin importar su situación jurídica.
Los resultados de las visitas realizadas arrojaron que sólo en el Complejo Carcelario de Cúcuta y el Epamscas de Popayán hubo un descenso en el número de internos recluidos. En los demás establecimientos visitados se encontró aumento en los ingresos y que llevaron a una sobrepoblación del 7% al 260%, este último en la cárcel de Bellavista (Medellín). Adicionalmente, se encontró hacinamiento del 200% en algunos patios de Bucaramanga. (Lea: Hacinamiento en cárceles de Medellín: no hay dónde meter a más de 450 detenidos)
La Contraloría señaló que se está incumpliendo la fórmula de equilibrio decreciente solicitada por la Corte Constitucional, en la que se pedía que a los centros penitenciarios con el mayor hacinamiento solo se iba a permitir la entrada de la misma cantidad de personas que haya salido del lugar la semana anterior. (Lea: “Recibimos un servicio de salud deficiente, desordenado y atrasado”: Sandra Gómez)
Aunque en general, según la Contraloría, las nuevas construcciones carcelarias tienen espacios para la realización de distintas actividades, “nuevamente el exceso de población supera la capacidad instalada y planeada para cada establecimiento, lo que limita la posibilidad de incrementar plazas de trabajo que permitan promover programas efectivos de resocialización”.
La Contraloría pudo establecer que sólo los establecimientos que tienen menos de 10 años de construcción cuentan con áreas de comedor. En el resto de casos los presos deben consumir alimentos en el piso, y en otros casos, conforme lo denunciaron los presos, los contratistas de alimentación cambian sin autorización ni previo aviso los menús estipulados en el contrato. En la estructura #1 de La Picota en Bogotá existía, hasta octubre de 2016, la orden de cerrar el área de cocina por parte de la Secretaría de Salud del Distrito, con las implicaciones que se tiene en materia de logística, calidad y oportunidad en el suministro de alimentos a la población carcelaria.
Solo el 20% de establecimientos visitados por el ente contralor cuentan con áreas acondicionadas para atender las visitas conyugales. “Las demás cárceles no cuentan con áreas de destinación exclusiva para la atención de visitas conyugales, por lo que vienen siendo realizadas en las celdas comunes, muchas de ellas colectivas, en desmedro de mínimas condiciones de higiene e intimidad, coincidiendo con las fechas de visitas generales, con lo que se continúa vulnerando derechos mínimos reconocidos a las personas privadas de la libertad”, señala la Contraloría en su reporte.
Los resultados obtenidos en estas visitas fueron recopilados en un informe y enviados a la Corte Constitucional, en cumplimiento de las sentencias T-388 de 2013 y T-762 de 2015, las cuales declaran en estado de cosas inconstitucional el sistema carcelario colombiano. Es decir: la Corte Constitucional encontró una violación masiva y sistemática de los derechos fundamentales en las prisiones del país, omisión de las autoridades para solucionar la problemática y por ende alertó al Estado para que supere esta crisis. (Lea: El profesor que quiere arreglar el sistema judicial desde la ingeniería)
El informe también fue remitido al Ministro de Justicia, Jorge Londoño, al ser el máximo responsable de la política criminal y, además, encargado principal del Gobierno en la atención de las órdenes judiciales hechas por el alto tribunal. Las inspecciones a las prisiones continuaran en el primer semestre de 2017 para, según la Contraloría, incrementar la cobertura del control fiscal de las cárceles colombianas.