Hace un año, el 7 de septiembre de 2014, El Espectador revelaba una primera investigación llamada “La plata de la Fiscalía para la paz”, en la cual contaba que ese organismo había destinado más de $3.600 millones en contratos directos para asesores que trabajaban temas que de alguna manera se cruzaban con las conversaciones en La Habana: el Marco Jurídico para la Paz o las Farc. La publicación había nacido de una conversación con algunas fuentes de toda credibilidad que aseguraron que a la politóloga Natalia Springer, entonces integrante de la mesa de trabajo de La FM, la Fiscalía le había otorgado un contrato para investigar ciertos crímenes de las Farc, bastante oneroso, pero que los resultados habían sido decepcionantes.
Han pasado más de 365 días y El Espectador, así como el resto del país, no ha podido establecer con certeza si aquellas fuentes mintieron, exageraron o dijeron la verdad. Dos derechos de petición, un recurso de insistencia, mensajes cruzados con la propia Natalia Springer y hasta entrevistas con ella y con el fiscal Eduardo Montealegre no han sido suficientes para poder acceder a la información que constataría la calidad del trabajo hecho por la firma Springer Von Schwarzenberg Consulting Services, la cual ya ha obtenido, en los últimos dos años, tres contratos directos con la Fiscalía que suman $4.265 millones. (Ver: el silencio de la Fiscalía por contratos con Natalia Springer).
Según Montealegre, el trabajo de la contratista es revolucionario y se conocerá en los juicios contra los máximos líderes de las Farc (ver entrevista con el fiscal publicada en El Espectador el pasado 15 de agosto). El alto funcionario confía tanto en el trabajo de la firma de Springer que el pasado 3 de julio le entregó un contrato por $3.085 millones para hacer lo mismo que le había encargado en 2013: asesorar al fiscal general en el procesamiento de datos. Esta vez, de crímenes del ELN y las Bacrim (Ver contrato 0253 de 2015). El primer contrato tenía un valor de $895; éste, de $3.085 y de meses de duración. En entrevista con este diario que ella misma pidió responder por escrito, Natalia Springer aseguró que este último contrato tenía un mayor valor porque la investigación abarcaba ya no uno sino cuatro grupos armados, y que en los juicios contra las Farc se entendería bien por qué su primer contrato con la Fiscalía era un asunto “de seguridad nacional”.
En todos los contratos que la firma Springer Von Schwarzenberg ha firmado con la Fiscalía, el fiscal Montealegre figura como el interventor –o quien él delegue–. De hecho, la primera vez que la Fiscalía nos negó información al respecto, lo hizo con base en ese argumento: que el fiscal era el interventor y que a él solo podía investigarlo la Corte Suprema (ver respuesta de la Fiscalía). El contrato que tenía que ver con el ELN y las Bacrim (bandas criminales) se conoció poco después de que ella renunciara a la mesa de trabajo de La FM, lo cual ocurrió el pasado 30 de julio. A la par se conoció que la Alcaldía de Valledupar le había entregado un contrato directo por $1.400 millones, de tres meses de duración, para establecer la Escuela Vallenata de Paz (Ver contrato). Springer ha defendido ese contrato, indicando que su empresa también aportó unos $600 millones para ejecutarlo, y que era una oportunidad extraordinaria para la capital del Cesar.
El pasado jueves en la noche la revista Semana divulgó un documento, el primero que da luces sobre el trabajo de la firma de Springer. Es un reporte que la entonces jefe encargada de la Unidad de Análisis y Contexto (Unac), Mónica Suárez, le había enviado al jefe de la Oficina Informática, Carlos Useda, señalando que los fiscales y analistas de la Unac concluían que la primera entrega de la firma de Springer sobre el tema del secuestro no cumplía con lo estipulado en el contrato y no era útil para ellos, además de resaltar falta de análisis, de rigor, de justificaciones metodológicas y de claridad. Unos señalamientos difíciles de entender si se tiene en cuenta que, según el propio fiscal Montealegre, el trabajo de la firma estaba totalmente sincronizado con la Unac y, además, que sus credenciales y experiencia de eran de tal calidad que nadie en la Fiscalía podía hacer lo que la firma Springer Von Schwarzenberg había sido contratada para hacer.
El Tiempo, por otro lado, explicó que ese documento forma parte de una denuncia que la Contraloría remitió a la Comisión de Acusación de la Cámara de Representantes hace un año, sin que nada hubiera pasado desde entonces. Pero mientras en la Comisión el tema de los contratos directos de la Fiscalía no ha despertado mucho interés, en otro sector del Congreso sí: el pasado 8 de septiembre el senador Ernesto Macías, del Centro Democrático, anunciaba que el fiscal Montealegre había sido convocado a un debate de control político para explicar varios asuntos en relación con las contrataciones que ha hecho esta Fiscalía.
Entre los temas que el Centro Democrático espera debatir con Montealegre están los más de 4.000 cargos de planta creados en su administración (que tienen que ver con la reestructuración de la Fiscalía), los consejeros de la Fiscalía en el exterior (por ejemplo, en seis meses Ángela de la Torre ganará más de $270 millones) o los contratos directos de asesores y sus resultados. Justo el mismo día que el senador Macías anunció el debate, El Espectador reveló que la Fiscalía de Montealegre ha destinado casi $11.000 millones en contratos directos (ver tabla de contratos), incluidos tres de Natalia Springer y otros de personas como el sancionado juez español Baltasar Garzón, siete exmagistrados de altas cortes y Miguel Samper Strouss, el hijo del expresidente Ernesto Samper.
Siguiendo con el ejercicio de indagar en qué ha usado la Fiscalía los dineros públicos, este diario dio con otros contratos recientes. Camilo Chaparro, quien pasó por CM& y RCN, recibió uno de $185 millones para trabajar entre junio y diciembre de este año (Ver contrato). La Fiscalía hizo estudios previos y concluyó que debía reforzar su imagen por medio de la “exposición de staff y directivos ante los medios de comunicación” y el perfil requerido era el de un comunicador con 18 años de experiencia. Chaparro fue contratado para asesorar a los despachos del fiscal y el vicefiscal. Interventor: el fiscal general o quien él designe.
Eccehomo Cetina, quien salió de RCN Televisión el año pasado, recibió en agosto pasado un contrato de cuatro meses por $445 millones para asesorar “en la elaboración de especiales periodísticos que permitan la socialización de temas de alto impacto y mostrar claramente el trabajo investigativo por parte de la Fiscalía General de la Nación contra la corrupción y la criminalidad en Colombia” (Ver contrato). Interventor: el fiscal general o quien él designe. Incluso a la firma Springer Von Schwarzenberg le pagaron $295 millones en 2014 para asesorar al fiscal cómo divulgar las investigaciones que hizo sobre las Farc en 2013 (Ver contrato). Springer asegura que esos documentos ya están en poder del fiscal Montealegre.
Por otra parte, fuentes de la Fiscalía le manifestaron a este diario que no entendían cómo, después de haber terminado la construcción de un edificio nuevo dentro del búnker, el organismo renovó en marzo de este año el arrendamiento de unas oficinas externas para funcionarios de la Unidad delegada ante la Corte Suprema de Justicia. El monto del contrato 0089 de 2015 es de $1.598 millones y se hizo para arrendar durante 10 meses las oficinas 801 y 1001 de un edificio llamado Capital Towers, que recién fue erigido frente al búnker.
Con respecto a Natalia Springer, quien inevitablemente ha sido el rostro más visible en esta controversia, El Espectador conoció un contrato más que su firma, acreditada especialmente –dicho por ella misma– en derechos humanos, pedagogía de paz y derecho internacional humanitario, hizo en 2013 para el Fondo Nacional de Vivienda (Fonvivienda), del Ministerio de Vivienda. La firma Springer Von Schwarzenberg entregó un trabajo que se llama “Barrios con oportunidades. Lineamientos de corto y mediano plazo para la estabilización y el acompañamiento del proyecto de vivienda gratis”, dice el documento conocido por este diario. El Espectador le envió mensajes a Springer pero no respondió.
¿Cuánto costó ese contrato? ¿Por qué se lo otorgaron a la firma de Springer? Ni idea. El Departamento de Prosperidad Social (DPS), que participó en el proyecto, le confirmó a este diario que Fonvivienda había pagado los honorarios de la firma Springer, y al ser consultado hace algunas semanas al respecto, Fonvivienda no dio razón de ese contrato. En noviembre de 2014, una mujer llamada Amalia Bedoya le pidió a la Contraloría (Ver solicitud) que indagara por contratos firmados entre el Ministerio, Fonvivienda y Springer Von Schwarzenberg, que “sin tener experiencia ha celebrado contratos con esas entidades”, decía la remitente. El coordinador del grupo de contratos de Minvivienda le certificó a la Contraloría que entre 2011 y 2014 no se habían firmado tales contratos y, para el organismo de control, el caso llegó a su fin.
Todo este ejercicio de conocer los contratos de la Fiscalía tiene que ver con el interés de conocer qué uso le da este organismo, el más importante del sector justicia, a los dineros públicos. El fiscal Montealegre insiste en que cada uno de los asesores que ha contratado cuenta con las credenciales para merecer esos contratos. El reto en realidad es saber, de la manera más objetiva posible, cuáles fueron los aportes de esas contrataciones.