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El Gobierno Nacional declaró la emergencia carcelaria como una medida que busca hacer cara a la crisis que se viven en las prisiones del país, donde hay un hacinamiento del 52 %, y evitar que haya un contagio masivo de COVID-19. La decisión la tomó el Ministerio de Justicia y el Instituto Nacional Carcelario y Penitenciario (Inpec) y se anunció mediante un escueto mensaje en la cuenta de Twitter de la autoridad carcelaria. Según el mensaje, la decisión se toma por temas de salud y orden público y con el objetivo de "seguir trabajando por las personas privadas de la libertad, los funcionarios y sus familias".
La declaratoria afirma que el Inpec "adopatará las medidas que se requieran en desarrollo del presente Estado de Emergencia" y deja abierta la posibilidad de extender la situación hasta un año si las condiciones no cambian. A través de la resolución 001144 del 22 de marzo, el Inpec justificó la medida asegurando que “el país y el sistema carcelario en este momento afronta la coyuntura de afectación global por la pandemia del coronavirus, situación que no solo desborda las capacidades del Estado mismo, sino que además tiene un potencial determinante de afectación a ciertos grupos vulnerables de la población, dentro los cuales se encuentran los privados de la libertad, así como los funcionarios penitenciarios y auxiliares bachilleres que prestan sus servicios en los establecimientos de reclusión”.
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El anuncio se da luego que múltiples sectores solicitaran la declaratoria de emergencia como una medida. Así lo hicieron, por ejemplo, la Defensoría del Pueblo y la Procuraduría General, así como abogados y más de 70 organizaciones sociales. “De esta manera, se podrán tener instrumentos excepcionales que faciliten excarcelaciones y regímenes temporales para mayores de 60 años y penas hasta los 8 años”, había dicho la Defensoría luego de la tragedia que cobró la vida de 23 reclusos en la cárcel La Modelo el 21 de marzo de 2020.
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El Comité de Solidaridad con los Presos Políticos, junto a 170 organizaciones sociales más, presentó este lunes al presidente una carta pidiendo medidas urgentes por cuanto, entre otros, “muchas cárceles no tienen suministro de agua constante lo que impide que se lleven a cabo rutinas de limpieza corporal, de los espacios comunes y de las celdas”. En ese sentido, pidieron que se de libertad condicional a población considerada de alto riesgo, así como a aquellas procesadas por delitos menores y que se inicie un plan de descongestión judicial a través del trámite de medidas de libertad a cargo de los jueces de ejecución de penas.
El pasado 20 de marzo, la Comisión de Seguimiento de la Sociedad Civil a la Sentencia T388 de 2013 de la Corte Constitucional (en donde se reitera la declaración de estados de cosas inconstitucionales en las prisiones del país) solicitó al alto tribunal para que exhorte al Gobierno Nacional a que declare el Estado de Emergencia Carcelaria en el territorio colombiano.
"(...) y que convoque a las autoridades del nivel nacional, departamental y municipal para la coordinación y formulación de un plan de prevención del COVID-19, que cobije a la totalidad de los centros de reclusión (establecimientos del orden nacional, establecimientos municipales, y establecimientos de detención transitoria - URIs, estaciones de policía, etc.) que evite la vulneración masiva a la salud y la vida de la población privada de la libertad".
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El Movimiento Nacional Carcelario hizo esta semana la petición de declarar la emergencia carcelaria a nivel nacional, pues se estima que el hacinamiento supera el 53%. En el país, entre hombre y mujeres, hay 123.434 personas presas. Sin embargo, en Colombia el sistema penitenciario solo tiene 80.373 cupos carcelarios. Es decir, que hay un sobrecupo de 40.361 privados de la libertad. Asimismo, los reclusos solicitaron que se busque otro tipo de pena privativa, diferente a la intramural, para mujeres embarazadas y lactantes, sindicados y sindicadas y personas de la tercera edad, con el fin de descongestionar las cárceles y evitar riesgos de salud en esta población vulnerable por la crisis del Coronavirus.
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