El procurador General, Alejandro Ordóñez Maldonado reiteró que no existen pruebas determinantes que permitan inferir la responsabilidad del coronel (r) Luis Alfonso Plazas Vega con los hechos que rodearon la desaparición de 11 personas durante la operación de recuperación del Palacio de Justicia el 6 y 7 de noviembre 1985.
Aseguró que en diversas intervenciones ante los órganos judiciales el Ministerio Público ha manifestado que el excomandante de la Escuela de Caballería no tuvo participación con los hechos materia de investigación. “Él no fue responsable de esas desapariciones ya que no existen pruebas determinantes”.
“La posición de la Procuraduría General en el caso del coronel (r) Plazas Vega, es clara ha dicho que el alto oficial no es responsable en los hechos del Palacio de Justicia, eso no quiere decir que no haya desaparecidos”, precisó Ordóñez Maldonado.
Igualmente hizo referencia al fallo de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) que condenó al Estado colombiano por los hechos que rodearon la desaparición, torturas y ejecución extrajudicial de un grupo de rehenes que salieron con vida del Palacio de Justicia.
“Es importante advertir que esa decisión no implica una sanción de carácter penal a funcionarios públicos, sino que se establece la responsabilidad del Estado”, precisó el jefe del Ministerio Público al hacer referencia a las consecuencias del fallo de 212 páginas emitido el pasado miércoles.
“En varias decisiones del Consejo de Estado se responsabiliza al Estado colombiano, vale la pena advertir que eso tiene una enseñanza para el momento actual y es cómo el sistema interamericano y los jueces en la hora actual han considerado que no es admisible la impunidad frente a las graves violaciones a los derechos humanos. Eso debe convertirse en una cuarta advertencia”, explicó.
Igualmente aseguró que no necesariamente debe haber una coincidencia entre las pruebas valoradas por el tribunal internacional y las decisiones que se han tomado en el país. “Se pueden presentar condenas o decisiones absolutorias”, aclaró el Procurador General al reiterar que la condena de la CorteIDH es contra el Estado colombiano.