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Por lo visto hasta hoy, la tormenta del caso Jorge Enrique Pizano está bastante lejos de amainarse. Al contrario, cada día el escándalo crece más, a pesar de las explicaciones del fiscal Néstor Humberto Martínez, quien se ha defendido a capa y espada de los audios que le dejaron saber al país que, al menos desde agosto del 2015, supo de contratos ficticios y pagos irregulares de la Concesionaria Ruta del Sol, integrada por las firmas Odebrecht y Episol (de Corficolombiana). Jorge Pizano, en calidad de controller o auditor de esa sociedad, le reveló a Martínez la bitácora de sus hallazgos y le pidió que enterara de esas anomalías a Luis Carlos Sarmiento Angulo, dueño del grupo Aval y de Corficolombiana. Las conversaciones, reveladas por Noticias Uno y El Espectador, pusieron al fiscal contra las cuerdas. Y, también, revivieron episodios que hasta hoy habían pasado de agache en este caso, y que documentó este diario.
Por ejemplo, que la encargada de estructurar el contrato de 2 billones de pesos de la Ruta del Sol resultara siendo esposa de un alto directivo del grupo Aval (controlante de Corficolombiana), quien participó activamente en la génesis y articulación del negocio. Los protagonistas de esta historia son María Victoria Guarín Vanegas, alta directiva de la Corporación Financiera Internacional (IFC, por sus siglas en inglés). Se trata del organismo multilateral adscrito al Banco Mundial al que el gobierno Uribe le confió la estructuración de este megaproyecto vial. Y Diego Fernando Solano Saravia, exvicepresidente de planeación corporativa y hoy vicepresidente financiero del Grupo Aval.
La Superintendencia de Industria y Comercio (SIC) investigó durante 20 meses estos hechos y concluyó que esa relación marital habría podido favorecer al consorcio integrado por Corficolombiana: “Mientras uno de los cónyuges se encargó de la estructuración del proyecto y de la determinación de las reglas del proceso de selección, el otro participó en ese concurso”. Esa afirmación hace parte de la voluminosa resolución del 13 de septiembre pasado, en la que el entonces superintendente delegado Jorge Enrique Sánchez formuló cargos contra las empresas y directivos que habrían patrocinado prácticas anticompetitivas en este entramado de corrupción. Incluidos María Victoria Guarín y su esposo, Diego Fernando Solano. Correos electrónicos, interrogatorios y documentos del proceso evidencian que Guarín fue “la coordinadora en Colombia” del proyecto de la Ruta del Sol, y así lo declararon directivos del Instituto Nacional de Concesiones (INCO) y de la multinacional Odebrecht.
El exviceministro de Transporte Gabriel García Morales confesó que María Victoria Guarín era la segunda a bordo del organismo multilateral IFC. “El ejercicio de ese trascendental papel, sin duda, le otorgaba tanto un conocimiento detallado y profundo del proyecto Ruta del Sol como una posición de privilegio para determinar los contenidos de la estructura del proyecto”, sostuvo la SIC. José Elías Melo, el enjuiciado expresidente de Corficolombiana, contó que Solano tenía una posición muy encumbrada en el grupo Aval, que su cargo le obligaba a estar atento a los negocios de interés estratégico del conglomerado y que era una especie de mano derecha del presidente del grupo, Luis Carlos Sarmiento Gutiérrez. Según las pruebas del caso, Solano tuvo “un papel relevante” en el proyecto de la Ruta del Sol.
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El 29 de marzo del 2009, por ejemplo, en pleno proceso de licitación, Solano le envió un email a José Elías Melo preguntándole por los avances en las gestiones de Corficolombiana en el negocio, pero Melo le contestó que estaban en pleno proceso de estructuración financiera. En un correo posterior, del 23 de abril del 2009, Melo le reportó a Solano más detalles del negocio, los competidores interesados, las primeras presentaciones, la utilidad proyectada y hasta comentarios del memorando de entendimiento entre Corficolombiana y Odebrecht para integrar el Consorcio Ruta del Sol. No obstante, el vicepresidente financiero del Grupo Aval le negó a la SIC que tuviera un rol clave en esas gestiones. “Yo conocí que queríamos participar y, más adelante, que nos habíamos asociado; y después conocí que nos lo habíamos ganado”, sostuvo Solano.
El Espectador tuvo acceso a todo el expediente de la Superintendencia, los correos cruzados entre directivos de Odebrecht y el Grupo Aval, las ofertas e instrucciones que se dieron para asegurar el millonario negocio. Alejandro Sánchez Vaca, vicepresidente de la Banca de Inversión de Corficolombiana, declaró que en el 2009 remitió información a Diego Solano sobre el memorando de entendimiento (acuerdo) al que llegaron con la multinacional brasileña para asociarse. Según correos obtenidos por la SIC, Solano le puso la lupa al negocio, mostró interés para que saliera bien y tuvo reuniones privadas junto a su esposa María Victoria Guarín (la estructuradora de la licitación) y la cúpula de Corficolombiana, en varios restaurantes, en medio del proceso. Solano, por su parte, ha reiterado que apenas supo de oídas del proyecto.
De acuerdo con el expediente, en el Grupo Aval todos sabían de la relación entre Solano y Guarín, y “lejos de haber adoptado alguna medida para impedir la materialización del conflicto de intereses que se ha referido, lo aprovecharon ilegítimamente”, sostuvo la SIC. En un correo enviado por José Elías Melo a Luis Carlos Sarmiento Gutiérrez, presidente del Grupo Aval, quedó constancia de la situación. En dicho mensaje de diciembre del 2008, Melo le contó a su jefe: “María V. Guarín, esposa de Diego, es quien en la IFC está con el tema. Ya hemos hablado con ella y de hecho Gustavo Ramírez (vicepresidente de inversiones de Corficolombiana) va a participar en una conferencia telefónica para exponer nuestras expectativas”. El propio José Elías Melo declaró en la SIC que el contacto con Guarín era normal y que con ella se podía hablar por ser la esposa de Diego Solano.
En otro correo se lee que José Elías Melo programó un almuerzo con Diego Solano y su esposa para el 15 de enero del 2009, pero el encuentro se frustró a última hora. Melo le escribió muy molesto este correo a Solano: “Tu señora nos canceló. ¿Qué vas a hacer? Que no critique entonces”. La cita se reprogramó para el 20 de enero y, en efecto, tuvo lugar en el restaurante Bellini, en Bogotá. “Lo anterior evidencia el interés que tenían los funcionarios de Corficolombiana y el Grupo Aval para mantener comunicación privada y directa con María Victoria Guarín, así como la intención de que ese encuentro contara con la presencia de Diego Solano Saravia, esposo de la referida funcionaria de la Corporación Financiera Internacional”, advirtió la SIC. Y el correo de despedida que le envió José Elías Melo a Diego Solano el 13 de mayo del 2016, cuando se retiró de la compañía, decía: “Un saludo también a Ma. Victoria, quien en secreto siempre ha sido hincha nuestra”.
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En otros mensajes se lee que, aunque Solano estuvo muy pendiente de la propuesta para asociarse con Odebrecht, sí pidió no participar en esas reuniones directamente con ellos por considerarlo “inconveniente”. En criterio del organismo de control, aquello revelaría un interés por ocultar a terceros su involucramiento, con el fin de evitar que trascendiera su relación con Guarín y se dañara el negocio. No obstante, otros interesados en el proyecto le enviaron un anónimo al Gobierno alertando de la relación conyugal Solano-Guarín. Dicho mensaje fue leído durante una audiencia del 8 de septiembre del 2009 —tres meses antes de la adjudicación del contrato— por el entonces viceministro Gabriel García Morales. A renglón seguido, el ministro de Transporte, Andrés Uriel Gallego, muy incómodo, exigió respeto.
Gallego señaló entonces que el gremio de los constructores era muy chismoso y pidió a los oferentes que dijeran si él les había pedido algo irregular. Decía todo eso justo al lado de García Morales, quien recibió una coima de 6,5 millones de dólares de Odebrecht y purga una condena por ello. Sin embargo, en esa audiencia del 8 de septiembre del 2009, Rafael Cabello, director de IFC y jefe de Guarín, rechazó la “insinuación” del anónimo, defendió a su subalterna y aseguró que su entidad solo asesoraba el proceso licitatorio y que, en todo caso, la última palabra era del gobierno Uribe. Además, prometió una respuesta por escrito sobre la acusación a Guarín. Esta llegó el 12 de marzo del 2017 —es decir, casi ocho años después—, cuando el escándalo Odebrecht ya cobraba los primeros capturados en Colombia y en el mundo.
Ese mismo 8 de septiembre del 2009, el entonces presidente de Corficolombiana, José Elías Melo, le escribió a Sarmiento Gutiérrez: “El ministro explicó que existen todas las garantías de transparencia en la adjudicación. Alguien independiente respaldó a Ma. Victoria y, por lo menos en la reunión, el asunto no pasó a mayores”. Sarmiento le contestó: “Ok. Toca estar listos a que si ganamos uno de los tramos (de la Ruta del Sol), traten de demandar para declarar nula la adjudicación”. Según la SIC, esta prueba resulta irrefutable para advertir que Sarmiento Gutiérrez sí sabía del conflicto de interés, y que nada se hizo. “Se puede concluir que Corficolombiana y el Grupo Aval promovieron la realización del comportamiento cuestionable y que cuando fueron descubiertos plantearon excusas impertinentes para ocultar la gravedad de la situación (…) y para que el asunto no pasara a mayores”, concluyó la SIC.
El IFC tenía prohibido tener reuniones o comunicaciones privadas con cualquier interesado en el proyecto, pero las evidencias recaudadas indicarían lo contrario. En otro correo del 10 de septiembre del 2009, el brasileño Luiz Bueno, en calidad de presidente de Odebrecht en Colombia, les manifestó a varios de sus colaboradores en la concesionaria Ruta del Sol: “Mi percepción es que el Ministerio de Transporte ‘escucha’ mucho al IFC y por eso necesito su apoyo para influenciarlos”. En ese escenario, según documentó la SIC, ocurrieron modificaciones al régimen de garantías para la contratación estatal que favorecieron al consorcio. El Gobierno las habría aceptado por recomendación de María Victoria Guarín, quien al parecer tramitó las solicitudes de Odebrecht. En un correo de julio del 2009, Guarín sostuvo que, de no aceptar las peticiones de los brasileños, ellos no participarían del proceso.
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La Superintendencia constató encuentros privados entre María Victoria Guarín con directivos de Corficolombiana y con la cúpula de Odebrecht en Colombia “para recibir indicaciones acerca de aspectos que, en lugar de tratarse de esa manera, debían discutirse en el marco del proceso de selección con las garantías de transparencia”. Para el organismo investigador, Odebrecht pretendió influenciar al IFC, “con el propósito de diseñar el proceso de selección a su conveniencia”. Posteriormente, Guarín, en nombre del IFC, “comunicaba esas expectativas al gobierno nacional como si se tratara de cuestiones indispensables para el adecuado desarrollo del proceso”. Odebrecht pidió, entre otras cosas, que se redujera el valor de la garantía de la obra para que no superara los US$ 30 millones, y que se disminuyera el seguro de responsabilidad civil para que no excediera los US$ 10 millones. Y sus solicitudes fueron concedidas.
Esas modificaciones fueron incluidas en el decreto 2493 del 3 de julio de 2009 —cinco meses antes de la adjudicación de la Ruta del Sol—, expedido después de que “María Victoria Guarín (senior investment officer del IFC) estuviera presionando al gobierno nacional para promover esos cambios normativos”, aseveró la SIC. Según los cálculos del negocio de la Ruta del Sol, antes de ese “ajuste” legal, el consorcio integrado por Odebrecht y Corficolombiana debían acreditar una garantía de al menos US$ 55 millones. “La modificación en el régimen de garantías tuvo lugar por las solicitudes directas y privadas que formuló Odebrecht en beneficio propio y de su socio Corficolombiana, y ese comportamiento hizo parte de toda una campaña encaminada a que esas empresas resultaran adjudicatarias del contrato que interesa en este caso en perjuicio de la probabilidad de victoria de los demás proponentes”, indicó la SIC.
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Con todas estas evidencias —además de documentar que, de todas las propuestas, la del Consorcio de Odebrecht y Corficolombiana era la más costosa—, la Superintendencia de Industria y Comercio les formuló cargos (es decir, acusó) por prácticas anticompetitivas y conflicto de intereses a Odebrecht, a Episol, a Corficolombiana, a exempleados suyos y también a la funcionaria del IFC, María Victoria Guarín, a su esposo, el directivo del grupo Aval, Diego Solano, y al propio presidente de ese conglomerado económico, Luis Carlos Sarmiento Gutiérrez. El caso, sin embargo, deberá fallarlo de fondo el recién llegado superintendente, Andrés Barreto, designado para ese cargo el 15 de septiembre pasado. Es decir, dos días después de que el superintendente delegado Jorge Enrique Sánchez firmara la resolución de formulación de cargos.
La defensa de la IFC y del Grupo Aval
En respuesta a una columna del periodista Daniel Coronell, publicada en marzo de 2017, en la que también mencionó el rol de María Victoria Guarín en la licitación de la Ruta del Sol, la Corporación Financiera Internacional (IFC, entidad estructuradora del negocio) emitió un comunicado público en el que defendió la transparencia de Guarín y del proceso. “La doctora Guarín no tuvo ninguna participación en la etapa de evaluación de ofertas y decisiones de adjudicación que recayeron en un comité conformado en su totalidad por funcionarios del gobierno”, señaló el comunicado, y agregó que, desde agosto del 2009, el IFC le comunicó al Instituto Nacional de Concesiones (INCO) que Guarín era esposa de un alto ejecutivo del Grupo Aval. “El trabajo del IFC se llevó a cabo de manera profesional de tal forma que se evitara cualquier efecto adverso a la integridad del proceso de licitación y a los intereses del gobierno colombiano”.
Fuentes cercanas al Grupo Aval que conocen el expediente en la SIC le dijeron a este diario: “El proceso (de licitación) se surtió con base en los canales regulares y las comunicaciones que se pudieron tener con el Estado y con la IFC fueron las mismas que tuvieron todos los competidores”. Según estas fuentes, “el pliego de condiciones no se modificó a petición del Grupo Aval, sino de las aseguradoras. “La SIC no ha logrado demostrar que hubo un canal ilegítimo, menos ha logrado demostrar que se haya interferido en las condiciones competitivas”. El Grupo Aval presentó descargos ante la SIC el pasado 31 de octubre.
“Se llevaron ante la Superintendencia pruebas contundentes para mostrar que no hubo conflicto de intereses. Eran dos compañías privadas, IFC y Grupo Aval, y el funcionario del Grupo Aval no tuvo que ver con la estructuración del proyecto ni tuvo que ver con esa gestión. Cuando estábamos en etapa prematura, lo único que se hizo fue averiguar los términos y condiciones. Aquí hubo unas gravísimas violaciones, pero la investigación se abrió con especulaciones. Lo que se ha debido probar es que el Grupo Aval o Luis Carlos Sarmiento usaron algún medio para que se le adjudicara el contrato a Odebrecht, y eso nunca se ha establecido”.
En septiembre del 2009 la propia firma Corficolombiana aseguró sobre el mismo directivo del Grupo Aval, Diego Solano –esposo de María Victoria Guarín– que “no ha participado ni participará en los temas relacionados con el proceso licitatorio indicado (de la Ruta del Sol)”. En la misma decisión de la SIC del pasado 13 de septiembre, el organismo de control dejó una constancia clave. “De conformidad con el material probatorio, el Grupo Aval no habría participado en el soborno ofrecido y pagado a Gabriel Ignacio García Morales (entonces viceministro de Transporte y gerente encargado del INCO), pero sí habría abundante material probatorio para determinar que sus (empresas) controladas Corficolombiana y Episol sí habrían celebrado un acuerdo anticompetitivo o colusorio con Gabriel García Morales, a través de las actuaciones de sus más altos directivos”.
Directivos del Grupo Aval han sostenido que este conglomerado no conoció las intimidades de las irregularidades en el proceso de la Ruta del Sol, entre otras razones porque, como socios minoritarios de la concesionaria, a través de Corficolombiana, lo único que podían hacer era un seguimiento minucioso a los contratos, pero la operación –aseguraron– era manejada por Odebrecht. Según fuentes consultadas del grupo económico, sus actuaciones siempre han sido transparentes, ajustadas a la ley y así se lo probarán a la justicia y, por supuesto, a la Superintendencia de Industria y Comercio. Será la administración del nuevo superintendente Andrés Barreto la que defina el proceso.