El vicepresidente de la Corte Constitucional, Luis Ernesto Vargas alertó sobre la grave situación que viven la mayoría de los pueblos indígenas en Colombia debido al conflicto armado y a intereses económicos.
El magistrado aseguró que estas comunidades han sufrido una vulneración sistemática" permanente, generalizada, tanto en sus derechos fundamentales individuales como en sus derechos fundamentales colectivos como pueblos y comunidades indígenas".
En su intervención indicó que al hacer una revisión de la sentencia T-025 de 2004 "encontramos que esa situación endémica en que se ha convertido la grave violación de los derechos fundamentales de los pueblos y de los líderes de las comunidades indígenas siguen siendo de extrema gravedad y que compromete su supervivencia tanto física como cultural".
En este sentido consideró que cerca de un millón 400 mil indígenas se encuentran en estado de vulnerabilidad por lo que se deben tomar acciones con el fin de garantizarles sus derechos fundamentales y se les respete tanto su territorio como su cultura.
A su turno, el representante del pueblo Kogui, que habita en la Sierra Nevada de Santa Marta indicó que han sido víctimas de la incursión de grupo armados y la vulneración por parte de las multinacionales de sus sitios sagrados.
"La sentencia de la Corte Constitucional no ha conseguido sus objetivos", indicó José de los Santos quien cuestionó seriamente la falta de ejecución del plan salvaguarda.
"Desde el mismo Gobierno no se han entendido los procesos indígenas y la afectación del territorio y de la cultura indígena", precisó al mismo tiempo que hizo un llamado de atención a las autoridades para que atiendan estas problemáticas.
Mientras que el vocero de la comunidad Arhuaca aseguró que su comunidad está en extinción gracias a las actividades emprendidas por las multinacionales y la ejecución de proyectos en varios sectores de la región atentando contra su territorio y su cultura ancestral.
"Se han presentado 25 casos de ejecuciones extrajudiciales que la mayoría están en la justicia penal militar, sólo una ha estado en el proceso de fiscalía, hay amenazas e intimidaciones, confinamiento, ataques terroristas a líderes y autoridades tradicionales" indicó el delegado del pueblo Wiwa.
Todos los intervinientes señalaron que la presencia de la guerrilla y de las ahora bandas criminales ponen en riesgo su integridad personal y cultura ya que han sido obligados a desplazarse de sus territorios.