Corte busca ponerle punto final a litigio de descendientes de esclavos por la Hacienda Arroyo Grande

El alto tribunal fijo un plazo de dos años para que se clarifique dicha propiedad.

La Sección Quinta de Revisión de la Corte Constitucional fijó los plazos para que se adelanten todos los trámites dirigidos a que se clarifique la propiedad de la Hacienda Arroyo Grande ubicada en el norte de Cartagena. Esto en el desarrollo del estudio de una acción judicial presentada por un grupo de reclamantes que consideran que dicha Hacienda fue entregada en copropiedad a 113 familias de esclavos libertos en el año 1897.

El litigio, señala la Corte, existen muchos vacíos sobre los títulos de propiedad entregados por la corona española hecho por el cual se le ordenó a las respectivas autoridades realizar un censo con los reclamantes de dicha propiedad que tiene una extensión de 18 mil hectáreas. Por lo que la Agencia Nacional de Tierras deberá realizar los procesos de verificación que establecen las normas en un plazo de seis meses.

La orden está dirigida para identificar a “aquellos que se acrediten de ser parte de la línea sucesoral de los 113 titulares de la Copropiedad descrita en la escritura pública No. 161 de 1897 y todos aquellos que reclamen otro tipo de derecho real sobre parte del predio”. Para la Corte existen una serie de documentos antiquísimos que deben ser revisados y examinados por parte de las autoridades competentes.

“Debido al enorme conflicto territorial que se generó en Arroyo Grande durante los últimos 120 años, que ha sido descrito a lo largo de estas páginas, esta Sala estima necesario que la Agencia Nacional de Tierras ejerza esta facultad y requiera, en esta etapa previa, a todos los posibles interesados que aleguen el derecho de propiedad, posesión y/o ocupación parcial del predio en cuestión”, precisa la decisión judicial.

Resalta el fallo que en dicha Hacienda existen 1.945 predios de los cuales 1.081 tienen matriculas inmobiliarias que no tienen origen con el folio original. Consideran que se habría presentado un traspaso de los mismos durante años. Otros predios serían propiedad de la Nación y de “los municipios involucrados”, mientras que otros 789 no cuentan con información jurídica.

Y es ahí donde radica el punto central del problema. Para la Corte Constitucional después de realizar el proceso de clarificación se deben tramitar en un plazo de dos años las solicitudes de titulación colectiva de la citada propiedad. El alto tribunal tuteló los derechos de identidad étnica y cultura, al debido proceso administrativo y de petición de las tres comunidades afrodescendientes que reclaman la titularidad de eso predios.

En este caso, resalta el fallo, priman los “derechos de las comunidades étnicas afrodescendientes, en virtud de la especial protección constitucional de la que gozan que, como se indicó, redunda en el enriquecimiento cultural de toda la nación colombiana, obviamente también respetando los derechos reales y en general los derechos adquiridos de buena fe”.