Corte citó a audiencia pública para nuevo debate sobre marco jurídico para la paz

Esto dentro del estudio de la demanda contra de los artículos que establecen la investigación penal de “los máximos responsables” de los delitos de lesa humanidad, genocidio o crímenes de guerra cometidos de manera sistemática.

El Espectador
04 de mayo de 2014 - 09:03 p. m.

La Corte Constitucional fijó para el próximo 27 de mayo una audiencia pública en la cual diferentes sectores presentarán sus argumentos en el debate de una nueva demanda en contra de los artículos 1 y 3 del acto legislativo 01 de 2012, más conocido como el Marco Jurídico para la Paz, por medio del cual se establecen instrumentos jurídicos de justicia transicional.

El magistrado Alberto Rojas Ríos consideró que debido a la complejidad y transcendencia del tema es menester conocer todos los argumentos a efectos de ampliar elementos de juicio ante la acción instaurada en contra de los artículos que establecen los esfuerzos en la investigación penal de los máximos responsables de todos los delitos que adquieran la connotación de crímenes de lesa humanidad, genocidio, o crímenes de guerra cometidos de manera sistemática”.

La demanda, radicada por el exministro de Defensa Rafael Guarín, se indica que el Estado no puede renunciar a su obligación de investigar, juzgar y, si hay méritos, emitir una condena en contra de los responsables de delitos relacionados con el terrorismo, delitos transnacionales, graves violaciones a los derechos humanos e infracciones al derecho internacional humanitario, sin discriminación alguna, adquieran o no la connotación de crímenes de lesa humanidad, crímenes de guerra y genocidio, al igual que garantizar el acceso a la justicia y a un recurso idóneo, adecuado y efectivo a las personas sujetas a su jurisdicción.

Igualmente se considera se debe mantener la exclusión de participación en política (derecho a ser candidato a cargos de elección ocupar y ser elegidos) a los responsables de graves violaciones a los derechos humanos, graves infracciones al Derecho Internacional Humanitario, actos de terrorismo y delitos transnacionales soportándose en un marco jurídico democrático que se fundamenta en la dignidad humana, la igualdad, la protección de los derechos humanos y un orden justo; en el que el derecho a ser candidato a cargos de elección popular y ejercer cargos

“Que la demanda, los conceptos y las intervenciones presentadas en el proceso han puesto en evidencia el amplio debate que ha generado la expedición del Marco Jurídico para la Paz, especialmente en relación con el cargo relativo a las condiciones constitucionales para ejercer el derecho de participación en política por parte de quienes hayan sido condenados por delitos políticos o por delitos conexos a los mismos, que en el marco del Acto Legislativo 01 de 2012 implica determinar si se sustituye un pilar fundamental de la Constitución, el cual consistiría en que el orden constitucional excluye de dicho derecho a los responsables de graves violaciones a los derechos humanos, graves infracciones al Derecho Internacional Humanitario, actos de terrorismo y delitos transnacionales”, precisa uno de los apartes de la citación.

A la audiencia pública fue citado el demandante, el procurador General, Alejandro Ordóñez Maldonado; el ministro de Justicia, Alfonso Gómez Méndez; presidente del Senado, Juan Fernando Cristo; fiscal General, Eduardo Montealgre; defensor del Pueblo, Jorge Armando Otálora.

Además a la jefe de la delegación del Comité Internacional de la Cruz Roja (Cidh), Jordi Raich; representante de la Mesa Nacional de Víctimas, Jorge Vásquez, Representante del Movimiento Nacional de Víctimas de Crímenes de Estado (Movice), Representante de Mujeres por la Paz, Representante del Centro de Investigación y Educación Popular (Cinep), directora para Colombia de Toledo para la Paz; Directora de la Oficina de Colombia del Centro Internacional para la Justicia Transicional (CIJT).

Las tres preguntas claves

La Corte realizó la invitación de los representantes de entidades públicas y de la sociedad civil para resolver los siguientes cuestionamientos: ¿El Estado colombiano enfrenta límites derivados del Derecho Internacional de los Derechos Humanos, y del Derecho Internacional Humanitario respecto al alcance de la participación en política de los desmovilizados en procesos de justicia transicional?

En un contexto de justicia transicional ¿Qué implicaciones tiene la participación en política de los miembros de grupos armados desmovilizados para los derechos de las víctimas de graves violaciones a los derechos humanos o graves infracciones al derecho internacional humanitario?

¿Sustituye la Constitución que por medio de Acto Legislativo se deje a la libertad de configuración del legislador la definición de los crímenes de guerra, los actos de terrorismo, el narcotráfico u otros delitos transnacionales como delitos conexos al delito político?

Por El Espectador

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