La Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia condenó a 10 años de prisión a un exfiscal de la Unidad de Derechos Humanos y DIH de Barranquilla por favorecer en procesos a miembros de grupos paramilitares.
Al resolver el recurso de casación, el alto tribunal le rebajó la pena de 22 a 10 años de prisión al exfuncionario al considerar que se presentaron fallas en la emisión de la sentencia en primera y segunda instancia. En este punto se consideró que el entonces fiscal fue condenado por delitos que no habían sido registrados en el escrito de acusación.
Según la investigación adelantada, el representante del ente investigador habría acordado con los miembros del grupo armado ilegal una serie de beneficios en la aplicación de Justicia y Paz.
Entre estos acuerdos se encuentra “devaluar los cargos existentes en su contra” a tres desmovilizados de dicho grupo paramilitar que se encontraban privados de la libertad y quienes querían recibir todos los beneficios de esta ley.
“Era de público conocimiento que entre los miembros de grupos paramilitares existía una gran ansiedad en relación con su suerte, más aún de quienes para la entrada en vigencia de la Ley de Justicia y Paz se encontraban privados de la libertad, motivo por el cual resulta creíble que pudieran adelantar maniobras orientadas a distraer a las autoridades respecto de investigaciones en su contra por los delitos más graves”, precisa la acusación.
Por estos hechos fue condenado por los delitos de falsedad ideológica en documento público, soborno, soborno en el grado de tentativa, prevaricato por acción, prevaricato por omisión y falso testimonio.