Corte Constitucional aceptó estudiar caso Sergio Urrego

El Alto Tribunal se pronunciará a fondo sobre el caso de este joven que se suicidó en un presunto ambiente de discriminación homofóbica por parte de las directivas de su colegio.

La Corte Constitucional aceptó revisar el caso de Sergio Urrego, el joven de 16 años que se suicidó el 4 de agosto en un ambiente de presunta discriminación por su orientación sexual de parte de las directivas de su colegio.

La petición de revisión la había hecho hace tres meses Alba Reyes, la madre del menor, con el apoyo jurídico de Colombia Diversa, como única salida para reparar la memoria y dignidad de su hijo y para que se modifiquen los manuales de convivencia de los colegios para que nadie en un futuro sea discriminado por su orientación sexual.

En noviembre de 2014, el Consejo de Estado revocó el fallo de primera instancia y señaló que no se podía pronunciar de fondo sobre el caso y que no amparaban los derechos a la educación, libre desarrollo de la personalidad, debido proceso, igualdad, dignidad no discriminación e intimidad que reclamó Reyes.

En principio, el Tribunal Administrativo de Cundinamarca había reconocido que Sergio Urrego sí fue discriminado por el colegio Gimnasio Castillo Campestre, ubicado en Tenjo, Cundinamarca, luego de que descubrieran que era gay. Sin embargo, la madre del joven decidió apelar la decisión porque no ordenaba ninguna medida de reparación.

Un fallo polémico

Para sorpresa de la familia de Sergio Urrego, el pasado 28 de noviembre, el fallo de segunda instancia revocó el del Tribunal Administrativo de Cundinamarca, que había reconocido la discriminación y no otorgó ninguna medida de reparación. La decisión la proyectó el magistrado Alfonso Vargas, amigo personal y exmagistrado auxiliar del procurador Alejandro Ordóñez, quien desde su cargo se ha opuesto en diferentes escenarios a los derechos de igualdad de la comunidad de lesbianas, gais, bisexuales y personas trans en el país.

Vargas en su ponencia de fallo, firmada también por los magistrados Gustavo Gómez y Luis Rafael Vergara, acogió la petición de la Procuraduría y no amparó los derechos que reclamó Alba Reyes.

La decisión también sostuvo que el colegio fue diligente y que la Secretaría de Cundinamarca actuó conforme a la ley pese a que para la Fiscalía hay evidencias suficientes para imputar los delitos de discriminación, inducción o ayuda al suicidio, falsa denuncia contra la rectora Castillo y dos empleados más del colegio.