El presidente de la Corte Constitucional, Luis Ernesto Vargas Silva envió una misiva a los presidentes del Consejo Superior de la Judicatura, Consejo de Estado y Corte Suprema de Justicia con el fin de manifestar su preocupación ante la posibilidad de que en los próximos meses se se suspenda o elimine el denominado Plan Nacional de Descongestión.
Para el magistrado Vargas Silva de ser realidad esto se “pone en vilo el acceso efectivo a la administración de justicia de los colombianos”. Ante esto se hace un llamado para defender la independencia de los jueces y funcionarios de la Rama, así como la protección de la Constitución y las leyes que se verían afectadas con esta medida.
“Las recientes amenazas a la autonomía y la independencia derivadas de manejo y distribución de recursos, es un tema que no deja de preocupar a esta Corporación”, precisa la misiva al señalar que la Rama Judicial debe tener asegurado un nivel suficiente de recursos “que no lleve a los jueves a involucrarse en negociaciones sobre su estabilidad económica con otras ramas del poder”.
El magistrado hace un fuerte llamado de atención sobre el hecho de que las nuevas normas de financiación de la justicia se presentan en medio de coyunturas políticas cambiantes, que desconocen la base de las necesidades de acceso y demanda a la justicia, afectando así de manera grave la labor y desarrollo de la Rama.
En la extensa carta se explica que la Corte Constitucional en la actual cuenta con una planta personal de 177 funcionarios, de los cuales un 42% (cerca de 76 empleados) se encuentran en cargos de descongestión. “Por lo cual las actividades de esta Corporación podrían quedar profundamente afectadas si no se renuevan estos cargos”.
Indica además que “la no renovación del Plan de Descongestión implicaría la eliminación de las Salas de Seguimiento a las sentencias T-760 de 2008 en salud y T-025 de 2004 sobre desplazamiento forzado, que vienen cumpliendo una esencial para el fortalecimiento de la democracia en Colombia”. En la carta se manifiesta la necesidad de mantener estos cargos debido a la creciente demanda por la justicia constitucional.
“Actualmente 4.000 tutelas diarias llegan a la Corte Constitucional desde todos los juzgamientos del país. Como consecuencia, cada despacho revisa 380 expedientes diarios como parte del proceso de selección al que son sometidas todas las acciones de tutela”, explica el presidente del alto tribunal al mismo tiempo que hace una narración de lo sucedido en los últimos meses cuando el Consejo Superior de la Judicatura no renovó todo los cargos por despacho lo que afectó y complicó el trabajo.
En uno de los puntos de la carta se manifiesta que la supresión de estos cargos de descongestión “atenta contra la independencia judicial, el control de constitucionalidad de las leyes, y limita drásticamente la protección de los derechos fundamentales de los ciudadanos así como el acceso a la administración de justicia”.
De tomarse esta medida el trabajo de recolección, selección y estudio de las tutelas que día a día llegan al alto tribunal se verán afectadas, “al igual que la eficacia de seguimiento que este Tribunal hace de temas tan sensibles como los derechos de la población en situación de desplazamiento, la crisis del sistema de salud, la problemática alrededor del acceso a las pensiones, el colapso del sistema penitenciario o el incremento de las acciones de tutela contra sentencias judiciales”.
Finalmente se indica que de suprimirse estos cargos la Corporación judicial entraría en un “grave estado de debilidad institucional” lo que obligaría a que se suspendieran de manera masiva los términos judiciales en los procesos de tutela y constitucionalidad y el cierre de la Secretaría del Tribunal para la atención del público, además del aplazamiento de la publicación de sentencias proferidas y la resolución de recursos.
“La Corte Constitucional quiere expresar su profunda preocupación por el riesgo institucional que enfrenta y hace un llamado para conseguir los recursos necesarios que garanticen su adecuado financiamiento y le solicita públicamente al Gobierno Nacional y al Consejo Superior de la Judicatura que atienda las numerosas peticiones que sobre la materia ya se han hecho en las últimas semanas”, precisa la carta.