La Sala Plena de la Corte Constitucional avaló la Reforma Constitucional de Sostenibilidad Fiscal que abre la posibilidad para que los ministros y la Procuraduría General puedan solicitar la modificación, modulación o disposición del pago de cuotas establecidas en las sentencias emitidas por las cortes.
En la decisión se señala que dichas solicitudes se podrán presentar si no se afectan los derechos fundamentales establecidos en la Constitución Política de 1991.
El polémico proyecto fue demandado al considera que se ponían bloqueos y trabas a los alcances de las tutelas al establecer que los falladores no podrían sentenciar un pago que supuestamente ponga en riesgo la sostenibilidad fiscal del Estado.
Al no encontrar irregularidades, la Corte Constitucional declaró exequible el acto legislativo aprobado por el Congreso de la República bajo el rotulo de “promover la disciplina fiscal y blindar el manejo de las finanzas públicas en el mediano plazo”.
Con esa reforma se busca promover la disciplina fiscal y blindar el manejo de las finanzas públicas en el mediano plazo.
También, asegurar un nivel sostenible de la deuda pública, permitir un manejo contracíclico de la política fiscal y aumentar la confianza y credibilidad en el manejo sostenible de las finanzas públicas.
Con este acto se creó la figura denominada Incidente de Impacto Fiscal, por medio de la cual el procurador o uno de los ministros pueden solicitar que las sentencias proferidas por cualquiera de las altas cortes, se puedan modular, modificar o diferir, sin que en ningún caso se afecte el núcleo esencial de los derechos fundamentales.