Corte Constitucional define futuro laboral de madres comunitarias del ICBF

Las madres además reclaman, un trato igualitario como el de cualquier funcionario público. / Archivo.

En sala extraordinaria, los magistrados de la Corte Constitucional deberán definir este lunes, si dejan en firme la solicitud de anular la sentencia T-480 de 2016, en la cual se ordenó al Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, ICBF pagar los salarios, prestaciones sociales, aportes parafiscales y las pensiones a 106 madres comunitarias.

Las mujeres al servicio del instituto reclaman el pago por su vinculación laboral al Programa Hogares Comunitarios desde 1988 hasta 2014.

Sin embargo, esa ley que buscaba garantías laborales para las madres comunitarias del país, encargadas de los cuidados de casi 750 mil niños de escasos recursos y en situación de vulnerabilidad, fue objetada por el presidente Juan Manuel Santos,  al considerar que era inconveniente en su totalidad porque resulta contraria a la Constitución y porque “genera un impacto fiscal de enormes proporciones”.

El gobierno ha estimado que este fallo le significaría al ICBF pagar cerca de $6 billones de pesos.

Según explica el concepto de la presidencia, la posibilidad de dar subsidio a la vejez y educación gratuita a las madres comunitarias “afecta seriamente la estabilidad de las finanzas públicas, el equilibrio macroeconómico y el principio constitucional de sostenibilidad fiscal”. Es decir, no hay plata con qué cumplir con esa promesa.

Por su parte, las madres comunitarias consideran que el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) debe pagarles un mínimo de pensión y se cumpla con ese derecho a favor estas mujeres que han trabajado durante los últimos treinta años.

Las madres además reclaman, un trato igualitario como el de cualquier funcionario público.