Después de un litigio de 10 años

Corte Constitucional definirá futuro de la explotación minera en Marmato

El alto tribunal estudiará una ponencia que pide que se realice una consulta previa. Este martes se tomaría una decisión de fondo. 

Gran Colombia Gold es de los mismos dueños de Pacific. Bloomberg

    La Sala Plena de la Corte Constitucional tiene la última palabra en el pleito jurídico que tienen desde hace 10 años los mineros artesanales del municipio de Marmato (Caldas) y la multinacional Gran Colombia Gold. El centro del debate jurídico está en definir quién tiene la razón frente a la explotación de oro en la mina Villonza en la parte alta del cerro El Burro.

    Los mineros consideran que el otorgamiento del título minero a la empresa de origen canadiense va en contravía de sus tradiciones culturales, además es un desconocimiento a la realidad del municipio, teniendo en cuenta que dependen directamente de la explotación de oro en ese lugar para poder subsistir. (Ver El espejismo de Marmato)

    Por su parte, la multinacional sostiene que las autoridades nacionales le otorgaron un título para la exploración y explotación de oro en esa zona mediante el título CGH-081 del 2008. Sin embargo, alegan que pese a tener toda la documentación no han podido realizar las labores mineras puesto que los pobladores ocuparon la zona.

    Fue esta acción la que los llevó a presentar una demanda ante las autoridades administrativas considerando que las exploraciones se habían tenido que suspender por el impedimento ejercido por los mineros de la zona. En una primera decisión vieron como sus pretensiones eran avaladas cuando se emitió una resolución para que se desalojaran a los pobladores.

    En dicha decisión –emitida en septiembre de 2010- se ordenaron tomar las medidas necesarias para que el predio fuera devuelto a Gran Colombia Gold con el fin de iniciar los respectivos trámites de licencia ambiental y así iniciar la extracción del metal en la parte alta del cerro, en la jurisdicción que fija el título minero.

    Pero las entidades territoriales no cumplieron a cabalidad los ordenado considerando que existe una problemática social que impide que se desalojen a los mineros artesanales. Citan que el 80% de los porbladores del municipio, unas cinco mil familias, viven de actividades relacionadas directamente con la actividad minera.

    Fue este argumento el que utilizaron los mineros para presentar una acción de tutela en la que se pide proteger su sustento diario y sus tradiciones culturales. El caso llegó a conocimiento del despacho del magistrado Luis Ernesto Vargas Silva, quien ya presentó su ponencia a los otros integrantes de la Sala Plena avalando las peticiones de los accionantes.

    En su ponencia de 159 páginas el magistrado Vargas pide que se realice una consulta previa de los mineros tradicionales y de los grupos étnicos que allí se encuentran. Considera que en el otorgamiento ­del título a la empresa Mineros de Occidente fue en contravía de las necesidades básicas de los mineros y de la comunidad indígena Cartama y de la comunidad afrodescendiente Asojomar que “se han dedicado a la minería artesanal e informal”.

    Debido a esto exhorta al Ministerio del Interior, la Gobernación de Caldas, la Personería municipal de Marmato y la Agencia Nacional de Minería que se adelanten todas las acciones dirigidas a preparar la respectiva consulta. Igualmente, pide que se establezcan las necesidades de los pobladores y su relación con las actividades mineras.

    El magistrado Vargas hace un fuerte llamado de atención por lo que considera un desconocimiento de los impactos sociales y económicos que se presentarían tras otorgar un título minero. Hecho por el cual propone la creación de proyectos mineros especiales, delimitar las áreas de reserva especial en Marmato y construir zonas mineras para las comunidades indígenas y los afrodescendientes.

    Este martes, los magistrados se reunirán en una Sala Plena Extraordinaria para estudiar la ponencia y realizar la respectiva votación frente a la misma. La Corte Constitucional será la encargada de definir si se anula la resolución 751 de 2010 que ordenó el desalojo de los mineros y si se convoca a una consulta minera.