La Corte Constitucional, esencia de la Carta Política de 1991

El alto tribunal ha sido clave para defender los derechos fundamentales de los colombianos. Sentencias como el matrimonio igualitario, el aborto y la eutanasia han llevado al país a ser más garantista e incluyente.

El 17 de febrero de 1992 el presidente César Gaviria posesionó a los primeros magistrados de la Corte Constitucional.  / Archivo General de la Nación
El 17 de febrero de 1992 el presidente César Gaviria posesionó a los primeros magistrados de la Corte Constitucional. / Archivo General de la Nación

Hace 25 años, en el contexto de la Asamblea Nacional Constituyente, nació la Corte Constitucional con la misión de proteger la Carta Política de 1991. Sus revolucionarios fallos en defensa de los derechos humanos, de las minorías nacionales o en respaldo a procesos políticos como la paz, marcan la historia del verdadero tránsito hacia la democracia participativa, con el protagonismo de 34 magistrados que han pasado por este alto tribunal.

Durante décadas, la creación de la Corte y su separación de la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia se vio truncada en múltiples proyectos de reforma. Sólo hubo consenso en 1991, cuando surgió con el propósito de que cobrara forma una corporación que estructurara a ordenamiento jurídico vigente a su espíritu garantista de la nueva Constitución. Por eso se convirtió en la guardiana del mayor logro de la Carta Política, y la máxima expresión de la participación ciudadana y la defensa de los derechos humanos: la tutela.

La primera gran batalla de la Corte Constitucional fue ajustar el estado de excepción a sus justas proporciones. Mientras en el pasado los gobernantes estaban acostumbrados a invocar el Estado de sitio, el alto tribunal delimitó el alcance de la conmoción interior o la emergencia económica, tumbando varios intentos gubernamentales por extenderla. En consecuencia, sus fallos generaron incomodidades y éstas se acuñaron con una frase para exteriorizarlas: “Acato pero no comparto”.

En sus inicios, la Corte Constitucional fue clave para extender el derecho a la libertad de cultos y el nuevo Estado laico. De hecho, en 1993 echó abajo varias disposiciones del concordato suscrito con la Santa Sede, quitándole privilegios que anteriormente tenía la Iglesia católica en el país. En el 94 dio otro paso definitivo al decidir que Colombia debía dejar de consagrarse oficialmente al Sagrado Corazón de Jesús, pues ningún culto debía prevalecer sobre los demás.

En 1994, el magistrado Carlos Gaviria, uno de los juristas más importantes que ha pasado por el alto tribunal, lideró uno de los fallos más importantes frente al derecho del libre desarrollo: la despenalización de la dosis mínima de droga, que transformó las leyes contra el porte de estupefacientes. Un año más tarde, en el 95, la Corte Constitucional, en desarrollo del bloque de constitucionalidad en temas de derechos humanos, dio vía libre a la incorporación de los protocolos de los convenios de Ginebra que hoy cumplen un papel importante en los diálogos de paz.

En 1996, ya con necesario protagonismo a bordo, la Corte Constitucional desempeñó un papel determinante en el juicio político que se adelantaba contra el presidente Ernesto Samper, al ordenar que el voto de los congresistas para decidir si lo absolvían o no debía ser público. Luego, en 1997, el magistrado Carlos Gaviria volvió a ser protagonista con su ponencia de defensa de la eutanasia. El debate giró en torno al homicidio por piedad y la Corte privilegió la decisión del enfermo de morir dignamente. Esta decisión fue ratificada en 2014.

La libertad de expresión también ha pasado por el examen de la Corte, y la mayor evidencia ocurrió en abril de 1998, cuando eliminó la tarjeta profesional de periodistas y garantizó que todos los colombianos tienen derecho a la libre expresión. Antes de terminar el siglo XX, en septiembre de 1999, el magistrado José Gregorio Hernández dirigió un debate trascendental que transformó las reglas de juego de los créditos hipotecarios al eliminar el Upac que había llevado a la quiebra a miles de familias de la clase media que habían comprado vivienda con créditos bancarios.

En términos generales, las decisiones de la Corte Constitucional también han servido para respaldar procesos políticos. Por ejemplo, en 2001 aprobó el despeje del Caguán para que el presidente Andrés Pastrana adelantara los infructuosos diálogos de paz con las Farc. Otra decisión, más controvertida que acertada, fue su aprobación al acto de reelección presidencial durante el gobierno de Álvaro Uribe en 2005. Infortunadamente, el alto tribunal no se percató de lo que las autoridades judiciales demostraron diez después: de la yidispolítica. En 2010, la historia para aprobar la segunda reelección de Uribe fue diferente. La Corte Constitucional le puso freno al referendo que buscaba que Uribe se quedara en la Casa de Nariño por cuatro años más.

Otro paso fundamental del alto tribunal se dio en 2004, cuando declaró estado de cosa inconstitucional el desplazamiento forzado en Colombia y ordenó al Estado buscar soluciones para evitar que los derechos de las víctimas se siguieran vulnerados. En 2005 comenzó sus debates sobre temas de discriminación por raza, género, orientación sexual o etnias. Su lucha por la protección de las minorías ha dado frutos con fallos contra el racismo o la discriminación.

Precisamente, en ese contexto democrático, uno de los fallos más revolucionarios de la Corte Constitucional fue en 2006, al despenalizar el aborto en tres situaciones: cuando el embarazo es producto de un abuso sexual, está en peligro la vida o salud de la madre o del bebé o existe alguna malformación en el feto incompatible con la vida. Después de un arduo debate, los derechos fundamentales de las mujeres prevalecieron sobre las concepciones religiosas.

Los derechos de los LGBT

Además de estos avances en derechos, a falta de decisiones en el Poder Legislativo, la Corte Constitucional se ha convertido en el escenario ideal en el que comunidades marginadas y discriminadas históricamente en Colombia, alzaron su voz a través de tutelas para hacer respetar sus derechos. Es el caso de la comunidad LGBT, que en estos 25 años ha tenido importantes victorias en el alto tribunal.

En los años 90 las primeras discusiones fueron sobre el derecho a cambiarse el nombre y sexo en los documentos de identidad o el respeto que debían tener las instituciones militares por la orientación sexual de sus miembros, o a las expresiones de cariño en público y la seguridad social para parejas del mismo sexo. Pero las grandes victorias se han consolidado desde hace diez años, cuando la Corte Constitucional dijo, por ejemplo, que las parejas del mismo sexo tienen los mismos derechos —en temas de pensión y salud— que una pareja conformada por hombre y mujer.

Sus dos avances mayores se dieron en el último año. En noviembre de 2015, el alto tribunal decidió que las parejas del mismo sexo pueden aplicar a procesos de adopción. En abril de este año se avaló el matrimonio igualitario. Hace un cuarto de siglo era impensable que la comunidad LGBT siquiera tuviera una mínima defensa en el Estado.

En síntesis, a lo largo de los años, a pesar de las críticas de sus opositores, la Corte Constitucional ha educado en la protección de los derechos fundamentales de los colombianos. Y la tutela ha sido un mecanismo efectivo para hacerlos respetar. Día a día se conocen sentencias en favor de la protección de derechos a la salud, la pensión, la consulta previa para proteger comunidades, las garantías ambientales.

Es claro que también hay grandes lunares. No sólo la aprobación de la reelección presidencial en 2005, sino algunos escándalos en los que se ha visto comprometida. El más grave y reciente en cabeza del magistrado Jorge Ignacio Pretelt, a quien han acusado de manchar la honra de la Corte Constitucional por supuestamente haber pedido un soborno a la firma Fidupetrol para beneficiarla en un proceso.

Sin embargo, la Corte Constitucional les ha cumplido a los colombianos y sus retos ahora son enormes: la refrendación de los acuerdos de paz de La Habana, la objeción de conciencia en múltiples instancias de la vida en sociedad, la defensa de las minorías políticas, la igualdad económica, y muchas otras garantías creadas en la Carta Política de 1991 que todavía están por desarrollar.