Corte Constitucional estudiará tutela presentada por exdirector del IDU, Andrés Camargo

Fue condenado a cinco años de prisión por el delito de celebración de contrato sin el cumplimiento de requisitos legales por las fallas en la contratación para el "relleno fluido" de TransMilenio.

La Corte Constitucional seleccionó para su estudio la acción de tutela presentada por el exdirector del Instituto de Desarrollo Urbano (IDU), Andrés Camargo Ardila, cuya condena a cinco años y tres meses de prisión fue dejada en firme por la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia el pasado 25 de junio al no aceptar el recurso de casación.

En la tutela radicada ante el alto tribunal la defensa de Camargo argumentó que en todas las instancias se le vulneraron los derechos al debido proceso y el acceso a la administración de justicia puesto que se omitieron pruebas documentales y técnicas sobre el proceso de contratación para la troncal de la autopista Norte de TransMilenio. (Ver Un drama con nombre propio: Andrés Camargo)

En la acción jurídica el exfuncionario, quien fue sentenciado por los delitos de celebración de contratos sin el cumplimiento de requisitos legales, asegura que no tuvo participación en el comité técnico que avaló la utilización del denominado “relleno fluido” para la segunda fase del sistema masivo de transporte en el año 2000.

El pasado 5 de septiembre Camargo se entregó a las autoridades para cumplir la sentencia emitida por los órganos judiciales, argumentando que demostrará que es inocente y que durante el tiempo en el que estuvo en el cargo nunca se cometieron irregularidades en el proceso de contratación como lo manifestó la Fiscalía General. (Ver )

“Tengo la conciencia limpia y estoy haciendo lo que un ciudadano responsable haría. He sido una de las pocas personas que he preguntado dónde me entrego y a quién. Yo respeto este país, respeto las instituciones, independientemente de que crea que están equivocados”, precisó el exdirector del IDU quien actualmente se encuentra privado de su libertad en la cárcel La Picota.

Para la Fiscalía General el entonces director incurrió en fallas en el proceso de contratación de la troncal de TransMilenio al seleccionar el denominado ‘relleno fluido’ el cual presentó fraccionamiento al poco tiempo de su instalación pese a que el convenio contractual afirmaba que tenía una garantía de 10 años.

Para el ente investigador en la celebración de este contrato se presentaron evidentes irregularidades puesto que la empresa seleccionada no contaba con la experiencia ni con los requerimientos exigidos para la realización de dicha obra.