La Sala Plena de la Corte Constitucional exhortó al Congreso de la República para que un plazo de un año legisle sobre la creación de la figura de doble instancia judicial en los procesos penales que se adelantan contra los altos funcionarios que tengan fuero constitucional.
En este caso se hace referencia a los congresistas, gobernadores, ministros y generales de la República que en contra de los cuales se emita fallo condenatorio por parte por la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia.
"Exhortar al Congreso para que en el plazo de un año, que se va a contar a partir de la notificación, se regule integralmente el derecho a impungar las decisiones sotenidas en sentencias condenatorias", explicó el presidente de la Corte Constitucional, Luis Ernesto Vargas Silva.
El alto tribunal declaró este jueves inexequible, con una votación de cinco a cuatro, varios de los artículos relacionados con la apelación de sentencias establecidos en el Código de Procedimiento Penal (ley 906 de 2004).
Sin embargo esta "nueva instancia" únicamente se aplicará a los procesos que en un primer fallo sean declarados inocentes y en el segundo culpables. Ante esto, los procesos pasarían a una nueva sala de juzgamiento en la Sala Penal o continuarán su trámite en la Sala Plena.
Los procesados que sean sentenciados no podrán presentar el recurso de apelación. El presidente del alto tribunal explicó que si se cumple el término de 365 días, después de la notificación del fallo, y no se legisla al respecto entrará en vigencia lo decidido por la Corte Suprema de Justicia.
Se ha podido establecer que la medida no será retroactiva, es decir la segunda instancia no cobijaría los fallos judiciales que ya se han emitido como la condena contra el exsenador Iván Moreno Rojas por el 'carrusel de la contratación' y el exministro Andrés Felipe Arias por el escándalo de Agro Ingreso Seguro.
En los últimos años se ha presentado un debate formulado por los procesados ante el alto tribunal que aseguran que se están vulnerando sus garantías procesales y sus derechos al debido proceso y defensa, hecho por el cual han pedido la creación de una doble instancia que permita la presentación de recursos de apelación y revisión de los fallos judiciales.
El Congreso de la República en su nueva legislatura será la encargada de definir el mecanismo de aplicación de esta figura y la manera en cómo entrará a operar la misma.