Ella es protagonista del escándalo de corrupción en la justicia del Meta

Corte Constitucional estudió una tutela de la familia de Marbelly Sofía Jiménez

Ese alto tribunal le pidió al Inpec que no vuelva a trasladar a mujeres cabeza de familia y lactantes lejos de sus familias. En la decisión no participó el magistrado Alberto Rojas, quien ya le había pedido a la Corte que le diera casa por cárcel a Jiménez.

Gloria Stella Ortiz, Aquiles Arrieta y Jorge Iván Palacio tuvieron en sus manos la revisión de la tutela de la familia de Marbelly Sofía Jiménez. Archivo

Marbelly Sofía Jiménez, la mujer condenada a 52 años de prisión por el asesinato de su esposo, Óscar William Parrado, uno de los dueños de la empresa Autorrolings, y de otras tres personas, ha sido el foco de la prensa en los últimos días. La razón: los detalles que dio a conocer la Fiscalía en medio del escándalo que se desató por la captura de tres magistrados del Tribunal Superior del Meta, implicados en presuntos hechos de corrupción. Según el ente investigador, la mujer habría pagado a una red de funcionarios judiciales de ese Tribunal para que le dieran el beneficio de casa por cárcel.

Su pelea por no cumplir su pena en la cárcel ha sido revisada por varios tribunales del país. Hasta la Corte Constitucional llegó una tutela interpuesta la familia de Jiménez, en la que se le pedía al alto tribunal que protegiera los derechos de tres menores de edad que se verían afectados por no tener a su mamá, en este caso, Marbelly Sofía Jiménez, en casa. El Espectador conoció la sentencia que, a pesar de no pronunciarse de fondo en el caso pues ya no existía vulneración de los derechos, le advirtió al Inpec que no pueda separar a mujeres cabeza de familia y lactantes del lugan en donde se encuentran sus familias.

La historia de esta tutela comenzó el 16 de abril del año pasado, cuando Luis Carlos Jaramillo, el compañero actual de Jiménez, presentó el documento en el Tribunal Administrativo del Meta, en nombre de su hija de 8 meses, contra el Inpec. En su petición, Jaramillo aseguró que cuando las autoridades ordenaron el traslado de la mujer de Villavicencio a Bogotá, se vulneró el derecho a la unidad familiar de la menor que, además, por esa época todavía recibía alimentación de su madre.

Las autoridades le explicaron a Jaramillo que el trasladado era por “razones de seguridad” y que el nuevo centro de reclusión sería en Ibagué. La versión  que le dio el Inpec al juzgado fue diferente. Le explicó que el traslado se debía al hacinamiento en la cárcel de Villavicencio. Once días después de presentar la tutela, el Tribunal, en primera instancia, amparó los derechos de la familia de Marbelly Sofía Jiménez y, al comprobar que los menores habían resultado afectados por el traslado, le ordenó al Inpec a que la regresaran a la cárcel del Meta.

La decisión fue apelada por el director de la cárcel en Ibagué pues, aseguró, el cambio de sitio de reclusión se debía a motivos de seguridad. El caso entonces llegó al Tribunal Superior de Villavicencio, que el 2 de junio de 2016 revocó el fallo de primera instancia y dijo que las razones del Inpec para realizar el traslado eran válidas y que no se estaba violando ningún derecho fundamental porque, por el contrario, con el traslado a una cárcel de mayor seguridad se estaba protegiendo a Jiménez.

Jaramillo insistió en que su mujer no podía estar en Ibagué. En la tutela, su esposo ya había explicado que en el centro de reclusión a donde había sido trasladada su mujer estaba preso su excompañero sentimental, Smith Bayardo Parra, alias Monopicha, padre de otros dos menores de edad que están a cargo de Jiménez, y que se trataba de una persona de “alta peligrosidad”. Añadió que en repetidas ocasiones que Monopicha amenazó a su familia, tanto así que en 2015 un fiscal de la Unidad de Reacción Inmediata de Villavicencio solicitó al comandante de la Policía de la ciudad que les brindaran medidas de protección. Pero Parra es también la persona que, junto con Jiménez, está condenado por el crimen del exesposo de ella, de su hijastro y otros dos hombres. (Con mujeres, licor y $3.000 millones "compraron" a magistrados del Tribunal del Meta)

Fue así como el caso llegó hasta la Corte Constitucional en noviembre del año pasado. La Sala Quinta de Revisión de tutelas estudió el caso de Marbelly Sofía Jiménez y le pidió, nuevamente la Inpec, que le explicara cuáles habían sido las razones del traslado de la reclusa. La entidad reiteró que el cambió de cárcel respondía a que la de Villavicencio presenta un hacinamiento del 75% y que, además, ese centro de reclusión no correspondía a las especificaciones de la condena de la mujer. El Inpec agregó que el 21 de junio de 2016, con el fin de acercar a Jiménez con su familia, fue trasladada a la cárcel el Buen Pastor en Bogotá, pues sus hijos ya estaban radicados en esa ciudad. 

Le correspondió a la magistrada Gloria Stella Ortiz estudiar el caso para presentar un proyecto de fallo ante sus compañeros de sala, Aquiles Arrieta y Jorge Iván Palacio. El 15 de diciembre del año pasado, se supo la decisión del alto tribunal en la que se dijo que, si bien el Inpec tenía razones legales para hacer el traslado, “no analizó minuciosamente las circunstancias particulares de la interna para evitar causar perjuicios a sus pequeños hijos, tales como que la accionante contaba con permiso para lactar a su hija menor de edad y que el padre de los otros dos niños también estaba privado de la libertad”.

El fallo, la Corte recordó la jurisprudencia que existe en Colombia para proteger a las familias que podrían verse afectadas cuando uno de sus miembros está en la cárcel. “El ordenamiento jurídico debe contemplar mecanismos para mitigar, hasta donde resulte constitucionalmente admisible, los efectos del resquebrajamiento de la unidad familiar propiciada por la reclusión de uno de sus integrantes, permitiendo que los internos pueden recibir visitas de familiares y amigos, y puedan comunicarse con ellos”, explicó el alto tribunal.

Al revisar los datos que el Inpec le envió a la Corte, la corporación comprobó que, aunque el Inpec había violado los derechos de la familia al separar a la madre enviándola a Ibagué mientras su familia estaba en Villavicencio, ya no existía esa vulneración, pues Jiménez ya se encuentra en la misma ciudad que sus hijos. Por eso el alto tribunal no se pronunció de fondo. Sin embargo, los magistrados le advirtieron al Inpec que no puede volver a cometer esta violación de los derechos fundamentales. En este caso, el único magistrado que salvó su voto, por razones técnicas, fue Arrieta.

El nexo con el magistrado Rojas Ríos 

El expediente de Marbelly Sofía Jiménez, además de estar relacionado con el escándalo de corrupción en el Meta, tuvo otra arista esta semana. El periódico El Tiempo publicó el pasado 12 de julio un artículo en el que explicaba que el magistrado de la Corte Constitucional, Alberto Rojas Ríos, le había enviado a ese tribunal una insistencia para que estudiara el caso de la mujer condenada. Fue así como se levantó un manto de duda sobre las razones de su interés en seleccionar justo el caso por el cual, asegura ahora la Fiscalía, Marbelly Sofía Jiménez sobornó a funcionarios del Tribunal Superior de Villaviencio. (El capítulo del magistrado Alberto Rojas en el escándalo del Tribunal Superior del Meta)

El documento fue enviado el 1°de abril de 2016, ocho meses antes de que la propia Corte amparara los derechos de los hijos de Jiménez. Sin embargo, la petición de Rojas se refería a otro expediente que había hecho curso por juzgados en Villavicencio y en la Corte Suprema de Justicia y no fue seleccionado en la Corte Constitucional. Rojas explicó en un comunicado de prensa que se conoció en la noche del pasado miércoles 12 de julio, que su insistencia tenía “el propósito de proteger a tres menores de edad, entre ellos a una niña en periodo de lactancia”. Así mismo lo argumentó en el documento de abril de 2016. (La defensa del magistrado Rojas Ríos en el caso Autorrolings)

“La solicitud de insistencia fue realizada doctrinariamente, de manera genérica y en abstracto, sin relación ni conocimiento concreto de las personas que pudieren estar involucradas en hechos que impliquen juicios de valor negativos, a los cuales soy ajeno", añadió el magistrado en su explicación. En su solicitud para que se seleccionara la tutela, Rojas Ríos argumentó que los hijos de Marbelly Sofía Jiménez se encontraban en "abandono y desprotección", tras la decisión de la Corte Suprema de ordenar que Jiménez fuera recluida en una cárcel para que pagara su condena. Rojas Ríos argumentó que la detención intramural (en cárcel) era innecesaria en este caso, pues, a su juicio, estaba "debidamente demostrado que la acusada es una madre cabeza de familia" y las decisiones judiciales debían dar prevalencia a los derechos de los niños.