Corte Constitucional reconoce a segundos ocupantes de buena fe

Un fallo del alto tribunal protege a los campesinos que compraron sus tierras de buena fe y pide a la Unidad de Restitución de Tierras que les otorgue los beneficios que la ley dispone para las víctimas.

La Asociación Nacional de Usuarios Campesinos de Colombia (ANUC) logró que una demanda instaurada en octubre del 2015 ante la Corte Constitucional, reconozca y beneficie con programas sociales de atención y de esta manera, garantizar la estabilidad del proceso de restitución de tierras.

La demanda presentada por la ANUC nació de los problemas que trajo para los campesinos segundos ocupantes, la interpretación y aplicación por parte de los jueces de la expresión “exenta de culpa”  citada en algunos artículos de la Ley de Víctimas y Restitución de Tierras. Esta frase impedía  el  reconocimiento y protección del derecho de los campesinos que actualmente ocupan predios solicitados en restitución.

“Es una Ley pensada en generar progreso en el campo, no es necesaria la reforma de la misma puesto que los Jueces y la Unidad de Restitución cuentan con los mecanismos para brindar atención a las personas que se encuentren en condición de segundos ocupantes” aseguró el presidente nacional de la ANUC, Luis Alejandro Jiménez Castellanos.

Para la ANUC este fallo de la Corte Constitucional, contribuye a la “reconstrucción de confianza del campesino sobre la justicia y las demás instituciones del Estado y nos anima dentro de los procedimientos  del Estado Social de Derecho  a continuar sin pausa,  nuestra lucha por la tierra y la protección a los derechos de los campesinos, con la esperanza de tener por fin un país en paz producto del desarme de los espíritus y la reconciliación de todos los colombianos”.

De igual manera la Corte Constitucional dejó claro que no es necesaria una reforma a la Ley de Víctimas y Restitución de Tierras, como lo viene exigiendo un grupo de detractores de la ley encabezados por José Félix Lafaurie, presidente de Fedegan, su esposa, la representante a la Cámara María Fernanda Cabal, y el procurador Alejandro Ordóñez.