Corte deja en firme fallo que protege a los afrodescendientes de Playa Blanca

El alto tribunal rechazó un recurso de nulidad presentado por el Ministerio del Interior, en contra del fallo de tutela que ordenó realizar una consulta previa a las comunidades para el desarrollo de un proyecto inmobiliario.

La Sala Plena de la Corte Constitucional negó un recurso de nulidad presentado por el Gobierno en contra del fallo de tutela que ordenó realizar una consulta previa a las comunidades afrodescendientes para el desarrollo de un proyecto inmobiliario conocido como Playa Blanca Barú S.A.S. en Cartagena. El proyecto fue cuestionado por los pobladores al considerar que nunca fueron consultados sobre el desarrollo de las obras que incluían condominios, campo de golf, entre otros.

El alto tribunal le ordenó en su momento a la Alcaldía de Cartagena y al Ministerio del Interior reconocer a la comunidad afrodescendiente de Playa Blanca en un Consejo Comunitario. Al tutelar los derechos fundamentales de las comunidades afrodescendientes se manifiesta que se debe hacer la consulta previa con el fin de definir los alcances de la planeación y la ejecución del proyecto hotelero.

En la decisión se deja en firme los alcances de la T-485 de 2015 que fijó unos lineamientos para realizar la consulta previa con las comunidades reconocidas de la región. La Corte dio un plazo para que el Ministerio del Interior, el Fondo Financiero de Proyectos (Fonade) y el representante legal de la sociedad Playa Blanca Barú S.A.S para adelantarla.

Igualmente se señala que los afrodescendientes que habitan esa zona podrán ser desalojados de su territorio. “Las autoridades públicas están plenamente habilitadas para ejercer las acciones a que haya lugar, cuando se demuestre de forma fehaciente que se ha infringido el orden jurídico en el área de Playa Blanca”, señala el fallo ratificado este miércoles.

“Estas acciones –resalta la decisión- no obstante, no podrán involucrar el desalojo de los integrantes de la comunidad negra de Playa Blanca, habida cuenta que la relación con el territorio es una de las características definitorias de la identidad diferenciada de las comunidades étnicas"-

Para la Corte en el caso en cuestión “se desconoció el principio de protección y reconocimiento de la diversidad étnica y cultural, cuando se negó el reconocimiento formal como comunidad étnica por parte de la Alcaldía de Cartagena, a pesar que se cumplían las condiciones para ello. En segundo término, a pesar que se tenía conocimiento de la existencia de esa comunidad, las entidades accionadas se negaron a adelantar el proceso de consulta previa, vulnerándose con ello el derecho correlativo".