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La Sala Penal de la Corte Suprema inadmitió una acción de casación en contra del fallo que condenó a 35 años de prisión al teniente del Ejército, Gabriel de Jesús Rincón Amado por su responsabilidad en la ejecución extrajudicial de un mototaxista en abril de 2007 en el municipio de Ocaña, Norte de Santander.
El oficial, que fungía como jefe de operaciones de la Brigada XV del Ejército, se alió con los paramilitares de la región con el fin de presentar resultados militares en la lucha contra grupos subversivos e insurgentes. A cambio de esto les permitía a las AUC continuar con sus actividades ilícitas.
Según la investigación, el uniformado presentó al joven mototaxista como guerrillero abatido en combate. Por estos hechos fue sentenciado a 35 años de prisión por los delitos de concierto para delinquir, porte ilegal de armas y falsedad documental. La Corte no aceptó el recurso presentado por la defensa que buscaba anular el fallo.
En este sentido el alto tribunal rechazó los argumentos que indicaban que en este caso se había presentado una vulneración al debido proceso puesto que el fiscal encargado de adelantar la investigación “guardaba relaciones” con dos testigos del caso, hecho por el cual se había afectado la objetividad.
“Si la defensa consideraba que el funcionario estaba conculcando la garantía judicial de la imparcialidad, no lo recusó en el curso del proceso. Ni lo alegó en el traslado previo a la audiencia preparatoria, capitalizando en tal forma esa omisión”, precisa uno de los apartes de la decisión.
La Corte llamó la atención además por la relación que sostenía el procesado con los grupos armados ilegales y las bandas criminales del departamento quienes fueron claves a la hora de “facilitar” la comisión de los hechos materia de investigación.