:format(jpeg)/www.elespectador.comhttp://thumbor-prod-us-east-1.photo.aws.arc.pub/UTuRv0MWPaRjq2lN_KvhJEgCvPo=/arc-anglerfish-arc2-prod-elespectador/public/VEQT4W7C3RFCJHL3JBGLT26EBA.jpg)
En una votación de 7 a 2, la Corte Constitucional declaró exequible el acto legislativo 01 de 2012, más conocido como el Marco Jurídico para la Paz.
En el extenso debate, el alto tribunal determinó que se avaló la ley que será clave en el desarrollo de los acuerdos que se firmen en los diálogos de paz que se adelantan con el Gobierno de Juan Manuel Santos y las Farc.
Según se ha podido determinar, la Corporación presentó una serie de indicaciones que debe seguir el Congreso de la República a la hora de expedir las leyes estatutarias con el fin de que no haya impunidad.
En este sentido indicaron que se deben respetar los derechos de las víctimas a la reparación, verdad y garantía de no repetición como lo establece las normas nacionales y los tratados internacionales firmados.
Para la Corte “existe un pilar fundamental de la Constitución que consiste en el compromiso del Estado social y democrático de derecho de respetar, proteger y garantizar los derechos de la sociedad y de las víctimas”.
Ante esto se indica que existe la obligación de prevenir la vulneración de los derechos de las víctimas, con el fin de garantizar la verdad, justicia y reparación. Para esto se deben adelantar las investigaciones, juzgarlas y sancionar las “graves violaciones” a los Derechos Humanos y Derecho Internacional Humanitario.
Los salvamentos de voto se presentaron en las expresiones "todos los" y "máximos responsables", mientras que no se presentó ninguna votación en contra de la figura de "cometidos de manera sistemática" establecidos en la ley.
El principal punto del debate se presentó en el marco de las obligaciones internacionales que tiene el Estado en materia de investigación y judicialización de las violaciones a los derechos humanos cometidas por los miembros de ese grupo guerrillero.
En las últimas sesiones los magistrados discutieron la ponencia presentada por Jorge Ignacio Pretelt en el que avalaba la constitucionalidad del acto legislativo sin embargo presentaba 10 condicionamientos.
Los nueve magistrados discutieron sobre las normas establecidas en el derecho internacional humanitario, crímenes de lesa humanidad y crímenes de guerra, una de las bases de la demanda instaurada por la Comisión Colombiana de Juristas.
Uno de los principales puntos del debate tuvo referencia a la expresión “máximos responsables” al considerar que de aplicarse esta figura se estaría abriendo una puerta a la impunidad, ya que se estarían vulnerando los principios de verdad, justicia y reparación de las víctimas.
Los magistrados Nilson Pinilla Pinilla y Mauricio González Cuervo salvaron su voto en el este histórico debate.