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Una corte federal de apelaciones en Florida desestimó este jueves las demandas de miles de colombianos contra la productora estadounidense de bananas Chiquita por sus aportes de dinero a un grupo paramilitar de derecha.
El fallo, decidido por dos jueces a favor y uno en contra en la corte de apelaciones del circuito 11, determinó que las cortes estadounidenses no tienen jurisdicción sobre los reclamos de los cuatro mil colombianos que habían solicitado las reparaciones monetarias.
"Determinamos que los reclamos no representan demandas bajo la jurisdicción de las cortes de Estados Unidos", según el fallo.
Los colombianos, que fueron víctimas o perdieron familiares por acción de las AUC de derecha, habían presentado las demandas en Estados Unidos contra Chiquita Brands International, amparándose en leyes norteamericanas contra la tortura.
Chiquita ya fue sancionada en 2007 con una multa de 25 millones de dólares al aceptar que entregó, entre 1997 y 2004, un total de 1,7 millones de dólares a los paramilitares colombianos con el objetivo de proteger la vida de sus trabajadores.
"Chiquita ha sostenido que estos casos no tenían lugar en las cortes estadounidenses y que las demandas debían desestimarse. Nos congratulamos de que la corte de apelaciones nos haya dado la razón", afirmó en un correo electrónico a la AFP un portavoz de la empresa, Ed Loyd.
La empresa, basada en Carolina del Norte (sureste), "se compadece de los colombianos que sufrieron a manos de estos grupos armados colombianos, pero la responsabilidad de los crímenes violentos cometidos en ese país es de los perpetradores", apuntó.
Chiquita alega que pagó las extorsiones para evitar represalias de los paramilitares.
Las AUC combatieron por años a las guerrillas izquierdistas colombianas y cometieron crímenes atroces contra la población civil, mientras se financiaron con el narcotráfico y la extorsión, hasta su desmovilización en 2006 bajo el gobierno de Álvaro Uribe (2002-2010), que les otorgó beneficios procesales a cambio de confesiones y reparación a las víctimas.
Los abogados de los 4.000 colombianos podrían aún apelar ante la Corte Suprema.
En su explicación, el juez que disintió en la corte de apelaciones advirtió que no apelar a la ley antitortura estadounidense en este caso podría "dejar desamparados a inocentes contra empresas estadounidenses que cometan violaciones de derechos humanos en el extranjero".
La fiscalía colombiana anunció a fines de 2012 la reapertura de una investigación contra directivos de Chiquita al considerar que había evidencias de que financiaron a los grupos paramilitares, luego de que una indagación previa en Medellín había sido cerrada al concluir que las aportaciones no fueron voluntarias.