Corte investiga a 27 senadores

De los investigados, 15 presentaron impedimentos para votar por procurador general por tener investigaciones o familiares en el Ministerio Público.

El procurador general de la Nación, Alejandro Ordóñez, junto con la senadora Myriam Paredes, el pasado 27 de noviembre, al final de la elección en la que fue ratificado como jefe del Ministerio Público. / Archivo
El procurador general de la Nación, Alejandro Ordóñez, junto con la senadora Myriam Paredes, el pasado 27 de noviembre, al final de la elección en la que fue ratificado como jefe del Ministerio Público. / Archivo

Pasados 10 meses de que el Senado reeligiera a Alejandro Ordóñez como procurador general de la Nación, la Corte Suprema de Justicia abrió investigación preliminar contra 27 senadores para esclarecer si alguno de ellos estaba impedido para hacer parte de la votación para elegir jefe del Ministerio Público y, pese a ello, no se declaró impedido e hizo parte de la misma.

Se trata de los senadores Héctor Julio Alfonso López, Manuel Guillermo Mora, Juan Manuel Corzo, Carlos Emiro Barriga, Musa Besaile Fayad, Bernabé Celis Carrillo, César Tulio Delgado, Jaime Enrique Durán, Aurelio Iragorri Hormaza, Carlos Roberto Ferro, Manuel Mesías Enríquez, Honorio Galvis Aguilar, Armando Benedetti Villaneda, Daira de Jesús Galvis Méndez.

La lista la completan los congresistas Alexánder López Maya, Jorge Eduardo Londoño, Martín Emilio Morales, Myriam Paredes, Juan Carlos Restrepo Escobar, Jorge Enrique Robledo, Milton Rodríguez, Camilo Armando Sánchez, Efraín Torrado, Luis Fernando Velasco, Juan Carlos Vélez Uribe, Rodrigo Villalba Mosquera, Claudia Wilches y Gabriel Ignacio Zapata.

En un escueto oficio de cinco páginas, firmado por los magistrados José Luis Barceló Camacho, Fernando Alberto Castro Caballero y María del Rosario González Muñoz, esa corporación le pide a la Procuraduría que informe si alguno de estos 27 congresistas era investigado por el Ministerio Público el pasado noviembre, cuando se hizo la votación. La Corte va a investigar, además, si alguno de estos congresistas tenía, para el momento de la votación, algún familiar cercano trabajando en la Procuraduría.

La idea es comprobar si hubo o no algún conflicto de intereses alrededor de la votación del pasado 27 de noviembre.

Asimismo, el alto tribunal pidió una lista de los parlamentarios que presentaron impedimentos, “allegando los respectivos escritos de impedimento”. Curiosamente, de los 27 investigados, 15 presentaron impedimentos para hacer parte de la votación, pero la plenaria del Senado no los aceptó. Es el caso de Alexánder López, Armando Benedetti, Musa Besaile, Luis Fernando Velasco, Milton Rodríguez, Honorio Galvis, Jaime Durán, Gabriel Zapata, Manuel Guillermo Mora, Camilo Sánchez, Héctor Julio Alfonso, Myriam Paredes, Juan Carlos Vélez, Jorge Londoño, Carlos Ferro y Daira de Jesús Galvis.

Algunos de estos senadores, contactados por El Espectador, prefirieron no dar declaraciones respecto de la apertura de investigación por parte de la Corte. Uno de ellos, el senador Luis Fernando Velasco, le dijo a Caracol Radio que respeta la decisión del alto tribunal, pero que “le pediría a la Corte un poco más de rigor en las investigaciones”. Precisó además que, en su criterio, no debería aparecer en la lista de investigados puesto que, para el momento de la reelección de Ordóñez, la Procuraduría no adelantaba ningún proceso en su contra.

Y agregó que pese a ello quiso declararse impedido y fue la plenaria del Senado la que le negó el impedimento. Por su parte, el senador Jorge Enrique Robledo dio a conocer a través de su cuenta de Twitter un oficio de la Procuraduría en el que se da cuenta de que, para el momento de la votación, no tenía investigaciones en su contra y, por ello, no estaba impedido para votar por un candidato para la jefatura del Ministerio Público.

Con este escueto oficio de la Corte se reaviva la controversia por la reelección de Alejandro Ordóñez, realizada precisamente en medio de críticas por los nombramientos de familiares de excongresistas, congresistas y magistrados de las altas cortes que algunos señalaron como una posible maniobra para asegurarse el apoyo del Congreso y las altas cortes en sus aspiraciones reeleccionistas. Al respecto, Ordóñez siempre ha dicho que no hay ningún problema y mucho menos delito en contratar a estas personas.

Tras la apertura de investigación, la Corte se apresta a recolectar las pruebas necesarias y a escuchar en versión libre a los senadores señalados. Sin importar si se comprueba o no la existencia de un conflicto de intereses alrededor de esta votación, la reelección de Ordóñez no se verá afectada, pero la investigación de la Corte, es seguro, avivará las críticas de los contradictores del procurador.

 

 

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