Corte le dio un año de plazo al Gobierno para solucionar crisis humanitaria en La Guajira

El alto tribunal advierte que se deben tomar medidas urgentes para atender las problemáticas en salud y alimentación que se presentan en la población Wayúu.

La Corte Constitucional le ordenó al Gobierno Nacional tomar medidas urgentes, prácticas y efectivas para solucionar la grave crisis humanitaria que vive la comunidad Wayúu en el departamento de La Guajira. El alto tribunal le dio un plazo de un año a las diferentes autoridades para presentar mejorías en los planes y estrategias dirigidas al mejoramiento de los indicadores de salud y alimentación de esta población.

“El tiempo adecuado para conjurar la situación de urgencia que aqueja a la niñez Wayúu corresponde a un año a partir de la publicación de esta providencia”, precisa uno de los apartes del documento que da indicaciones precisas sobre la necesidad de fortalecer los planes y proyectos para mejorar la calidad de vida de esta comunidad. Para la Corte la situación es preocupante por lo que se debe buscar una solución efectiva.

Entre los proyectos que se deben fortalecer se encuentran las campañas sobre el uso y consumo de agua hervida para la preparación de los alimentos, la desparasitación infantil, promocionar la lactancia materna, prestación del servicio de salud por medio de las unidades móviles. Así como el diseño de programas de alimentación distintos al Plan de Alimentación Escolar y la aprobación de los documentos Conpes para el establecimiento de una política de seguridad nacional alimentaria.

Para la Corte Constitucional son alarmantes los registros de muertes de niños por desnutrición, lo que representa “una crisis humanitaria por una multiplicidad de factores que vulneran sus derechos fundamentales”. Pese a que en los últimos años se han tomado medidas frente a este caso fundamental, la Corporación agrega que por la situación persiste y no se “evidencias resultados contundentes” que permitan asegurar que la situación ha sido superada.

“A pesar de formularse políticas nacionales más ambiciosas, si no están acompañadas por una gestión eficaz, no se conseguirá un beneficio para las comunidades necesitadas”, señala la Corte. En la extensa providencia se hace mención directa al hecho que de seguir la corrupción administrativa esta crisis continuará y “la asignación de los recursos, la acción del Estado será un fracaso”.

Por esto le solicitó además a la Fiscalía, Procuraduría y Contraloría General, así como a la Superintendencia de Salud para luchar contra la corrupción, representada principalmente en las irregularidades en la celebración de contratos, para proteger el acceso a la salud, educación, alimentación y agua potable a esta comunidad.