Corte Suprema o Fiscalía: ¿quién se quedará con el caso Uribe?

Álvaro Uribe llegó al Congreso de la República en 2014. / El Espectador

Foto: Mauricio Alvarado

En los últimos 20 años, cada vez que Álvaro Uribe Vélez se presentó a unas elecciones alcanzó su meta con kilómetros de distancia entre él y sus contendores. En 2018 fue el senador más votado del país, con más de 875 mil votos, mientras el segundo puesto se lo llevó Antanas Mockus, con 540 mil sufragios (el 61 % de lo obtenido por Uribe). En 2014, cuando el Centro Democrático aterrizó por primera vez en el Congreso, fue tal su fuerza electoral, que la lista cerrada del partido consiguió 2’045.564 votos, que tradujeron 21 escaños en el Senado. En 2006 se hizo presidente por segunda vez en tan solo una vuelta y 7,3 millones de votos.

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Sin embargo, la carrera que ha forjado Uribe, que sin duda lo hace un animal político, se encuentra hoy pendiendo de un hilo por cuenta de un proceso que hoy va en que él es el primer expresidente de la República detenido por orden judicial.

Por cuenta de esta decisión, el expresidente concretó ayer un propósito que había ventilado justo hace dos años: dejar el Congreso. Este martes 18 de agosto, Uribe renunció a su escaño en el Parlamento y en la plenaria del Senado, 82 de sus integrantes admitieron la dimisión que había presentado horas atrás. Habló de “la violación de ocho garantías procesales” y renegó de lo que él llama “filtraciones selectivas” de su expediente. Uribe deja en esos términos el Congreso y no parece seguro que vuelva al ruedo.

El ahora exsenador , según ha dejado ver en las entrevistas que ha dado a medios de comunicación desde que quedó detenido oficialmente el pasado 12 de agosto en su finca El Ubérrimo (en Córdoba), está dando una pelea a muerte con la Corte. “No hay una sola prueba que diga que soy un peligro para la sociedad, ni de que yo obstruyera a la justicia. Infieren que esto se debe a mi temperamento”, le dijo Uribe a W Radio. “Hay un encadenamiento político que parte de la rabia que sienten algunas personas hacia mí. Se ha creado un ambiente de opinión en el que me tratan como a un criminal”, agregó el antiguo jefe de Estado.

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En la Sala de Instrucción de la Corte Suprema, donde se tomó la decisión de dejarlo detenido mientras la investigación avanza, han señalado que no darán entrevistas. Que las 1.554 páginas de su decisión, que se emitió el pasado 3 de agosto, contienen los elementos suficientes para explicar por qué cinco de sus seis magistrados -Cristina Lombana fue apartada del caso- tomaron esta determinación. Para la Corte, hay declaraciones, videos, interceptaciones telefónicas y otras evidencias, de que “(Álvaro Uribe) emerge con probabilidad de verdad como el gran determinador del entramado ilegal”.

El proceso en contra de Uribe, indirectamente, comenzó por él mismo. En 2014, denunció al también senador Iván Cepeda porque, supuestamente, había creado un cartel de testigos falsos en su contra. En 2018, lo que concluyó la Corte Suprema fue que contra Cepeda no había evidencias de tal señalamiento, mientras que contra Uribe podía haberlas. Así nació en febrero de 2018 la investigación contra Uribe por los delitos de soborno en actuación penal y fraude procesal. La Corte sostiene que hay indicios de que el exmandatario presionó a testigos que han hablado en su contra y que “compró” a testigos para hablar en su favor. Él lo rechaza tajantemente.

¿Qué pasará con este proceso penal?

El Espectador habló con abogados que conocen de cerca los procedimientos de los aforados constitucionales -como lo es el expresidente Uribe ahora que el Congreso aceptó su dimisión- para entender las vías que puede tomar este controversial proceso. Lo que tendrá que ocurrir luego de que su renuncia se haga oficial es que el Parlamento o los abogados del expresidente notifiquen a la Sala de Instrucción de la Corte que él ya no es senador, para que esta entre a evaluar si el proceso puede seguir en sus manos o no.

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Si el proceso continúa a cargo de la Corte Suprema, no cambia nada aun si Uribe ya no es senador: seguirá bajo las reglas de juego de la Ley 600 de 2000, con la que se ha llevado adelante todo el expediente en su contra por tratarse de un aforado. Si el proceso se remite a la Fiscalía, habrá un cambio sustancial: Uribe pasará a ser investigado bajo la Ley 906 de 2004, es decir, el sistema penal acusatorio. Que el caso siga en la Corte o quede asignado a la Fiscalía depende de la respuesta a un interrogante esencial, que deberá resolver la Sala de Instrucción: ¿tuvieron los hechos relación con las funciones de Uribe como congresista?

En la Corte Suprema tienen que tomar ahora la decisión de si Uribe es llamado o no a juicio. Si el caso llegara a pasar a la Fiscalía, todo lo que se ha hecho en la investigación es válido y sería un fiscal -el que asigne la cabeza del organismo, Francisco Barbosa- el que determine si lo acusa o no. En el escenario en que el caso se quede en la Fiscalía, la defensa de Uribe podría acudir ante un juez o jueza de garantías para solicitar que la orden de detención que emitió la Corte Suprema se caiga. Y si la Fiscalía decidiera acusarlo, el expresidente de la República Álvaro Uribe sería juzgado por un juez penal del circuito.