La Sala Primera de Revisión de la Corte Constitucional le ordenó a los órganos encargados atender las quejas presentadas por los desplazados de la denominada masacre de El Salado, frente a la prestación del servicio de salud.
Ante esto, les solicitó a la Defensoría del Pueblo y a la Procuraduría General que en el término de un mes se haga referencia a los avances y dificultades “presentados en el cumplimiento de las órdenes impartidas en la sentencia T-045 de 2010” en la que se ordenó la protección al derecho a la salud.
El alto tribunal indicó que los programas y políticas para esta población deberán responder a las afecciones de su salud mental y emocional así como al proyecto de vida y las relaciones con el entorno familiar, cultural y social.
“Preocupa a esta Sala que se estén presentando deficiencias en la atención en salud a las personas protegidas mediante las órdenes proferidas en la sentencia T-045 de 2010, que buscan garantizar el derecho a la salud a víctimas de graves violaciones a los derechos humanos”, precisa uno de los apartes de la decisión.
Esta decisión se tomó luego de conocer una comunicación enviada por la Comisión Colombiana de Juristas en la que se aseguraba que no se está cumpliendo con la atención integral a estas personas pese a que un fallo de la corte lo había ordenado con anterioridad.