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La Corte Constitucional le ordenó al Instituto Penitenciario y Carcelario (Inpec) la implementación de medidas de capacitación a sus funcionarios dirigidas a la sensibilización y capacitación frente a los derechos de la población carcelaria portadora de VIH.
El alto tribunal consideró que los funcionarios que tengan a su cuidado y protección la vida e integridad de reclusos deben evitar actos o conductas discriminatorias en contra de esta población.
“Las personas privadas de la libertad portadoras del VIH deben recibir atención médica continua y de calidad, y el Estado está en la obligación de asegurar el acceso a los medicamentos antirretrovirales (...) para mantener el máximo nivel posible de salud”, precisa uno de los apartes de la sentencia T-376 de 2013?.
Esta decisión se tomó al resolver una solicitud de un interno que solicitaba el traslado de la cárcel El Bosque de Barranquilla al centro penitenciario La Vega de Sincelejo argumentando que sus derechos fundamentales habían sido vulnerados por parte del director del plantel.
La Corte le solicitó a la Procuraduría determinar si el Director de la cárcel El Bosque de Barranquilla incurrió en una conducta que pueda ser investigada disciplinariamente por la presunta violación de los derechos fundamentales del recluso al no permitir que en su momento fuera trasladado a este penal.