Corte ordenó medidas para proteger identidad cultural de comunidad indígena Nasa

El conflicto armado interno ha provocado desplazamiento que ha afectado sus tradiciones culturales.

Las acciones de grupos armados ilegales en el marco del conflicto los resguardos de Toribío, San Francisco, Tacueyó y Jambaló en el departamento del Cauca ha tenido como consecuencia el desplazamiento de los indígenas de la comunidad indígena Nasa. Estos traslados contra su voluntad han afectado sus tradicionales culturales.

La gravedad de estos hechos la Corte Constitucional le ordenó al Gobierno Nacional que tome las medidas necesarias dirigidas a la protección y atención de dicha comunidad que ha sido víctima directa de las acciones de grupos armados ilegales y los combates registrados con miembros de la Fuerza Pública.

Dicha comunidad además ha tenido que sufrir las consecuencias del narcotráfico, la minería ilegal y otorgamiento de licencias ambientales. Esto ponen en riesgo el desarrollo cultural y étnico de estas poblaciones lo que motiva a tomar medidas de fondo.

“El Estado debe preservar el territorio. Para ello, deberá comenzar a evaluar en qué espacios se dará la participación de los pueblos indígenas, de cara a un eventual proceso de paz, y respetar el principio de distinción”, indica uno de los aparte de la sentencia.

En el extenso fallo que las autoridades gubernamentales deben dirigir esfuerzos para proteger la supervivencia de esta comunidad que ha sido declarada como de especial protección por parte de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (Cidh). La Corte señala que hasta el momento los esfuerzos han sido insuficientes.

“La Sala proferirá un conjunto de órdenes concretas a efectos de, primero, facilitar la construcción y la adopción de las medidas de protección que acuerden el Estado y el Pueblo Nasa y, segundo, corregir problemas puntuales relacionados con las medidas que actualmente se están brindando”, señala el fallo con ponencia de la magistrada María Victoria Calle.

En el fallo se le advierte al Gobierno que debe preservar y garantizar los territorios indígenas con su participación frente al proceso de paz que desarrolla actualmente en La Habana (Cuba) con la guerrilla de las Farc y los que se presenten en un futuro con otros grupos armados ilegales.