La Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia le ordenó a la Fiscalía iniciar el proceso de extinción de dominio de los bienes del excongresista Germán Olano Becerra, condenado a 8 años y cuatro meses de prisión por los delitos de enriquecimiento ilícito y tráfico de influencias por el llamado carrusel de la contratación.
En el fallo judicial se indica que dicho proceso tendrá que ser adelantado por la Unidad de extinción de derecho de dominio de la Fiscalía General con el fin de ubicar los bienes "que sean producto de la conducta delictiva de enriquecimiento ilícito" del exrepresentante a la Cámara por Bogotá en el escándalo de la contratación en la capital de la República. (Ver Germán Olano aceptó dos delitos en proceso por 'carrusel de la contratación')
Según las pruebas técnicas recolectadas se pudo establecer que Olano Becerra recibió cuatro cheques (por la suma de 125 millones de pesos) y dos abonos en efectivo (uno de 100 millones de pesos y otro de 34 millones de pesos) por parte de los polémicos empresarios.
"Sumas éstas que arrojan un total de quinientos nueve millones cincuenta mil pesos, que el congresista recibió del Grupo Nule", precisa uno de los apartes de la sentencia del alto tribunal. (Ver "Nunca hice parte de ese tal carrusel de la contratación": Germán Olano)
En las decisiones del fallo se le impone una multa de 610 millones de pesos más 105 salarios mínimos legales mensuales vigentes.
Así como la inhabilidad para el ejercicio de derechos y funciones públicas por 100 meses, sin embargo el excongresista es investigado todavía por el delito de celebración de contratos sin los cumplimientos de los requisitos legales.
Por estos hechos, la Procuraduría General de la Nación lo destituyó e inhabilitó en el ejercicio de funciones públicas durante 12 años, al considerar que exigió el pago de comisiones, a cambio de actuar con arreglo a los intereses de los excontratistas.
El exdirigete fue detenido el 1 de mayo de 2011 por agentes del Departamento Administrativo de Seguridad, DAS, una vez pasó por el control migratorio del aeropuerto, a sabiendas de la existencia de una orden de captura en su contra, que no pudo hacerse efectiva desde el momento de su expedición, debido a que permanecía en Miami, Estados Unidos.