ElEspectador.com conoció que la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia ordenó el cambio de radicación del proceso que se adelanta por el crimen del dirigente político Efraín Ovalle.
Esta decisión tiene como finalidad preservar la imparcialidad o la independencia en la administración de justicia, las garantías procesales, la publicidad del juzgamiento y la seguridad e integridad personal de las partes e intervinientes.
El alto tribunal avaló los argumentos presentados por la defensa de los familiares de la víctima que argumentaron que en el curso del proceso han sido amenazados, desaparecidos y asesinados testigos.
"Deben tenerse por ciertas las amenazas de muerte de las que han sido víctimas varios de los testigos, los familiares del occiso y uno de los investigadores del caso, por cuanto fueron dadas a conocer bajo la gravedad del juramento a través de la denuncia instaurada ante la Fiscalía General de la Nación y los hechos también fueron reiterados ante la Policía Nacional, la Defensoría del Pueblo, autoridades que mostraron su preocupación, transmitiéndose al ente acusador para que se tomen las medidas de protección", precisa uno de los apartes de la decisión.
En el caso de la seguridad de los testigos se indica que el Estado y las autoridades deben garantizar al estar obligados a informar el conocimiento que les asiste sobre la comisión de un hecho delictivo y sus posibles responsables.
La Corte recordó que se debe garantizar la integridad física y moral con el fin de que el juicio oral no se vea afectado y siga su curso normal. "Esta situación debe considerarse como extrema e irregularidad pues con claridad logra afirmarse que el riesgo para la integridad de los testigos, sin lugar a dudas, afecta el normal desarrollo de la sensible, pero imprescindible tarea de administrar justicia".
"Resulta incuestionable la procedencia de la solicitud de cambio de radicación, por cuanto es claro que la asignación del proceso a juez natural, esto es, al Juez Penal del Circuito Especializado de Valledupar, no garantizaría a plenitud el adecuado ejercicio de la administración de justicia", aclara el fallo.
Las amenazas
El pasado miércoles, el abogado Jaime Granados denunció el asesinado un testigo en el proceso que se adelanta por el crimen del dirigente político, Efraín Ovalle registrado el 25 de febrero de 2012 en Valledupar.
El testigo estaba citado para que compareciera al juicio que se adelanta en el juzgado penal especializado en Valledupar contra cinco presuntos integrantes de la banda Los Rastrojos indicados de ser los autores materiales del crimen.
"No puede ser que en Colombia se sigan asesinando testigos, así ellos estén en la cárcel. La Fiscalía debe protegerlos y tomar las medidas del caso para que se preserve la vida", precisó el jurista quien defiende los intereses de la familia del exdiputado del Cesar y dirigente político del municipio de La Paz.
En este sentido el abogado señaló que en diversas oportunidades ha solicitado el traslado a Bogotá debido a que se han presentado amenazas, desaparición de testigos e intento de homicidio. Sin embargo la Corte Suprema de Justicia no ha respondido dichas solicitudes.
En la muerte de Efraín Ovalle estaría involucrado un reconocido cantante vallenato de la región y miembros de su familia.