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La Corte Penal Internacional lanzó este martes 15 de noviembre su informe de actividades para el año 2016. Allí, consignó el seguimiento a cuatro fenómenos específicos del conflicto armado en Colombia. El primero de ellos, y al que el organismo internacional le ha hecho especial seguimiento, es de los falsos positivos.
Respecto a este fenómeno, que alcanzó sus picos más altos en 2007 y 2008, el organismo internacional señaló que “durante el período reportado, la Oficina del Fiscal continuó recibiendo y recolectando información sobre supuestos crímenes de guerra, incluyendo los asesinatos y desapariciones conocidos como falsos positivos”.
De acuerdo con los informes que ha recibido la entidad internacional por parte del gobierno de Colombia, a la fecha hay 817 sentencias condenatorias contra 961 miembros de las Fuerzas Armadas por falsos positivos, y para julio de este año, se investigaban 2.241 casos de asesinatos extrajudiciales, con un total de 4.190 víctimas de estos crímenes.
Si bien la Corte rescató la colaboración de las autoridades colombianas sobre las cifras de potenciales casos de “falsos positivos”, señaló que los datos sobre los “pasos investigativos exactos son limitados”. Dijo además, que tiene reportes de al menos 80 casos de falsos positivos que habrían sido ejecutados por guerrillas o grupos paramilitares.
La Fiscal de la CPI, Fatou Bensouda, señaló en su informe preliminar que si la Corte fuera a realizar investigaciones sobre los casos de ejecuciones extrajudiciales en Colombia, las pesquisas se realizarían contra personas y sobre los máximos responsables de los crímenes más graves. A lo que añadió que la información recibida sobre los procesos que existen contra 14 comandantes por estos delitos es limitada.
Por otra parte, la fiscalía de la CPI se refirió a las investigaciones que se adelantan contra los exjefes paras y su responsabilidad en delitos como desplazamiento forzado, y crímenes de violencia sexual y de género. Respecto a los primeros, la CPI rescató las diez condenas que han logrado los tribunales de Justicia y Paz contra 43 miembros de grupos paramilitares por este delito.
Hicieron hincapié en las condenas contra Ramón Isaza, quien comandó las Autodefensas Campesinas del Magdalena Medio y fue condenado por 91 casos de desplazamiento. También mencionó los procesos que se adelantaron contra Arnubio Triana Mahecha, alias Botalón, quien comandó el bloque Puerto Boyacá; Ramiro Vanoy Murillo, alias Cuco Vanoy y Salvatore Mancuso, jefe máximo de las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC).
Asimismo, la Corte se refirió a las doce condenas por acceso carnal violento en persona protegida, a las cuatro por acto sexual violento, a las dos por esclavitud sexual y por aborto que pesan sobre Ramón Isaza desde febrero de este año. También mencionó la CPI las condenas previas contra Botalón por este tipo de delitos, que ya fueron confirmadas tras su apelación. De hecho, el exjefe del bloque Puerto Boyacá también fue hallado culpable por la desaparición de dos personas perteencientes a la comunidad LGBT del municipio que dio su nombre a esa facción paramilitar.
No obstante, dijo que el panorama no es tan claro para los crímenes de este tipo que habrían sido cometidos por las guerrillas de las Farc y Eln, siguen en etapa de investigación. Es decir, ni siquiera han llegado a juicio. “En este contexto, a pesar de la profunda reforma del modelo investigativo de la Fiscalía General de la Nación, dirigida a enfocarse en los máximos responsables por crímenes sexuales y por motivos de género, los procesos nacionales por este tipo de crímenes contra miembros de las Farc, el Eln y las fuerzas estatales parecen limitados”, señaló el informe de la Corte Penal.