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La Corte Constitucional ordenó investigar la presunta afectación al medio ambiente que se estaría presentado en la construcción de un gasoducto entre los municipios de Manaure (La Guajira) y Barrancabermeja (Santander). Esto tras estudiar una acción judicial en la que se advierte que las autoridades ambientales no han tomados cartas en el asunto para revisar la ejecución de la obra.
Los accionantes señalan que la puesta en marcha de la estación compresora de gas de Hatonuevo de la empresa Ecopetrol ha generado varias afectaciones al medio ambiente y la calidad de vida de los habitantes de dicha zona, hecho por el cual piden que las autoridades encargadas adelanten sus labores de vigilancia y control para evitar que los daños continúen.
Entre las afectaciones se encuentran los fuertes ruidos, la contaminación del aire “por la quema permanente de gas”, el deterioro de las fuentes hídricas y el constante riesgo de una explosión “máxime cuando no se cuenta con señalización en su idioma y no existen planes de emergencias y contingencias”.
El alto tribunal determinó que existe evidencia frente a “un inadecuado control ambiental de la estación compresora de gas de Hatonuevo y un desconocimiento de las dimensiones de la justicia ambiental que generan la vulneración de los derechos fundamentales de la comunidad”.
Debido a esto pidió un procedimiento administrativo con el fin de revisar la veracidad de los actos denunciados, principalmente los que tienen que ver con la contaminación sonora. De encontrarse una falencia se “deberá examinar la procedencia de imponer las sanciones contempladas”.
La acción fue presentada por integrantes de la comunidad Wayúu al considerar que se han presentado graves omisiones por parte de la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales para controlar y evitar estos daños al medio ambiente.