Irregularidades en contratación

Corte pidió celeridad en investigaciones por irregularidades en el Plan de Alimentación Escolar

El alto tribunal le solicitó a la Fiscalía, Procuraduría y Contraloría General tomar decisiones de fondo en estas indagaciones.

La Corte Constitucional le pidió a la Fiscalía, Procuraduría y Contraloría General acelerar las investigaciones que penales, disciplinarias y fiscales, respectivamente, que se adelantan por las irregularidades en el Plan de Alimentación Escolar (PAE) en diferentes departamentos del país.

El alto tribunal manifestó la necesidad de tomar decisiones de fondo frente a este tipo de caso. Para la Corte, los entes de control deben hacer todos los esfuerzos con el fin de adelantar la "vigilancia de los contratos y convenios dedicados a la provisión de servicios de los programas de primera infancia del ICBF, para evitar que los recursos que se han aplicado para los mismos se desperdicien o desvíen".

El pronunciamiento se hizo al resolver una acción de tutela de los municipios de Repelón y Polonuevo (Cesar) quienes pidieron que se les respetara su independencia al escoger los operadores de los programas de primera infancia “que beneficia a los niños de las comunidades afros”.

En este caso en cuestión, la Sala hizo un fuerte llamado de atención puesto que los contratos de alimentación escolar deben tener un control por parte de las autoridades con el único fin que los objetivos sean cumplidos. Una falta en el control abre la puerta a un acto de corrupción. 

"Una comunidad o consejo comunitario desea presentarse como candidato a operador de los programas de primera infancia del ICBF, dicha comunidad o consejo debe cumplir estrictamente los requisitos de las leyes de contratación y los pliegos de condiciones impongan para el proceso, sin que sea un factor decisivo su orifen étnico", precisa la decisión.

Por esto es que el organismo encargado es el que debe adelantar el procedimiento para escoger al operador o prestador del servicio que considere más calificado "de forma tal que se pueda realizar una verdadera vigilancia y control por parte de dichas autoridades en la ejecución contractual". 

"Los organismos de control -advierte la Corte- deben ejercer una vigilancia precisa y pronta, que evite que la corrupción entorpezca la provisión de los servicios que requieren los menores de edad", precisa uno de los apartes de la decisión con ponencia del magistrado Alejandro Linares.