La Sala de Casación Civil de la Corte Suprema de Justicia negó el recurso de recusación presentado en contra del tercero delegado ante la Corte, Juan Vicente Valbuena presentada por la defensa de Martha Ligia Patrón para que se alejara del proceso que se adelanta por su presunta responsabilidad en un caso de despojo de tierras en el Urabá antioqueño.
El alto tribunal, con ponencia Ariel Salazar, avaló la decisión de la Fiscalía General emitida el pasado 1 de junio. Patrón, quien actualmente se desempeña como procuradora de la Unidad de Infancia y Famlilia, por el presunto despojo de las haciendas Altobonito y La Corona en el Urabá antioqueño a sus legítimos dueños por parte de los paramilitares.
“Los servidores públicos tienen como función sólo aquellas otorgadas por la Constitución, la ley y los reglamentos de manera que toda conducta por fuera de ello es constitutivo de arbitrariedad y/o desviación del poder, por lo que ello implica que tales actuaciones no están al servicio del Estado y la comunidad. El deber de confidencialidad sólo se puede dejar de lado cuando se le dé cumplimiento a otro deber o por necesidades de la Justicia, nada más de los cual está presente en el caso concreto”, indicaba el recurso.
En la misma se le solicitaba a la Fiscalía General que le otorgara las garantías procesales, objetividad e imparcialidad en este caso. Se espera que en los próximos días se tome una decisión de fondo en esta investigación en la que se busca establecer si la procuradora conocía que las tierras que adquirió le habrían sido despojadas a sus legítimos dueños por el accionar de los paramilitares en la región.
En este punto se consideró que no existían los motivos para que el fiscal se alejara de la recaudación de elementos probatorios, por esto se reactiva el caso en contra de Patrón, quien ya rindió interrogatorio a finales de abril. En dicha diligencia aseguró que desconocía que dichas tierras hubieran sido despojadas por parte de los grupos paramilitares.
Por estos mismos hechos la Fiscalía General le compulsó copias a la Comisión de Acusación de la Cámara de Representantes para que investigue la presunta participación del expresidente de la Corte Constitucional en estos hechos. En declaraciones a los medios, el magistrado aseguró que no se presentaron acciones ilegales en su compra.