Corte Suprema negó tutela presentada por Santiago Uribe Vélez

La Sala Civil de la Corte Suprema de Justicia negó la acción de tutela presentada por el ganadero Santiago Uribe Vélez con la que se buscaba que se resolviera su situación jurídica dentro de la investigación que se adelanta por sus presuntos vínculos con el grupo paramilitar conocido como los “los 12 Apóstoles” que delinquió en el municipio de Yarumal (Antioquia) en la década de los ochenta y noventa.

En la acción jurídica quien defiende al hermano del expresidente Álvaro Uribe Vélez, señala que ya se cumplieron los plazos exigidos por la ley para tomar una decisión de fondo. En este punto se señala que el empresario antioqueño rindió interrogatorio el 17 de octubre y hasta el momento no se ha tomado una decisión de fondo.

“A la fecha han transcurrido 468 días (1 año, 3 meses y 11 días) desde la fecha en que vencía el término (31 de diciembre de 2013) sin que haya procedido conforme a lo dispuesto en el artículo 354 de la ley 600 de 2000”, precisa uno de los apartes de la acción judicial al manifestar que se encuentra vencido el término legal.

En este caso se argumentó que está demora representa una evidente violación al debido proceso. “Se ha puesto al señor Santiago Uribe Vélez y a su familia en una situación de indefinición que a todas luces resulta injusta e inhumana. Más aún, si se tiene en cuenta que a los otros dos procesados, en esta investigación, se les resolvió de forma oportuna su situación jurídica”.

Igualmente se aseguró que en este caso se han presentado testimonios falsos, citando el caso del mayor (r) Juan Carlos Meneses quien aseguró, desde Argentina, que había colaborado con el delinquir de los 12 Apóstoles cuando fungía como comandante de la policía de dicho municipio. Dicho grupo armado ilegal, según declaró, era financiado y apoyado por Uribe Vélez.

El accionante manifestó que desde 1996 existe una investigación en contra del ganadero por su presunta participación en los delitos de concierto para delinquir y homicidio agravado y hasta la fecha no se ha definido si se archiva o si se le llama a imputación de cargos.

Sin embargo, las pretensiones de la tutela fueron rechazadas por la Corte Suprema al considerar que no era el mecanismo idóneo para solicitar este tipo de decisiones por parte de la justicia “Dado que no pertenece al entorno de la justicia constitucional al inmiscuirse en el escenario de los trámites judiciales en curso, o ya terminados para inferir, modificar o sustituir las determinaciones allí pronunciadas, por con ello se quebrantarían los principios que contemplan los artículos 228 y 230 de la Constitución Política”.