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Hasta finales del año pasado la Sala Penal de la Corte Suprema investigó los nexos de servidores públicos con los paramilitares a través de una comisión conocida como la 'Comisión de la Parapolítica', la cual destapó las relaciones ilegales y condenando a más de 60 congresistas. Esta comisión trabajó en un megaproceso en el que se recibían e investigaban informaciones de diferentes hechos, sobre diferentes personas, al mismo tiempo.
Tras años de funcionamiento, la Sala Penal de la Corte decidió que esta manera de investigar “no era acorde con el debido proceso”, y decidió analizar qué había en ese enorme expediente para archivar lo que se investigó, y sobre lo que falta compulsar copias a la propia Corte para crear procesos independientes. El presidente de la Sala Penal, magistrado Eugenio Fernández, señaló que esta ruptura del 'proceso madre' no afecta en nada lo que ya se decidió.
“En las leyes colombianas se señala que, por regla, un proceso debe ocuparse de un hecho y de un procesado. Solo en casos excepcionales, por virtud de la conexidad, podría un solo expediente ocuparse de varias personas y hechos” manifestó el togado. Es decir, el proceso central de la ‘parapolítica’ se volvió en algo tan grande e inmanejable que era mejor cerrarlo y llevar estas investigaciones como el resto de los expedientes de la Corte: un caso de un supuesto ‘parapolítico’, por determinado hecho, se asigna a un magistrado y allí se lleva la investigación.
“Se hizo una verificación de las copias que se habían expedido y de todas las actuaciones nuevas, y lo que ya estaba investigado fue archivado sin que se haya puesto en peligro o se nos haya quedado algo sin investigar”, explicó Fernández. El magistrado agregó que ahora el magistrado “que se ocupe de los casos que allí estaban va a tener más facilidad para comprender el hecho denunciado, para practicar la prueba que se necesita, porque está singularizado. En cambio, en el otro, era una amalgama de hecho que venían de todas partes y eso manejo es casi que imposible”.
La primera persona que coordinó fue el magistrado auxiliar Iván Velásquez, quien tenía a su cargo a ocho auxiliares más para recopilar las pruebas para la Comisión y estructurar los procesos. Su éxito le trajo denuncias e investigaciones hasta septiembre de 2012 cuando presentó su renuncia luego de que la Sala Penal nombrara como coordinador a Álvaro Pastás.
Pastás Obando estuvo al mando hasta abril de 2015 cuando la propia Corte anunció que su salida, con denuncia penal y queja disciplinaria en su contra, por la pérdida temporal del medio magnético en donde estaba la declaración del extraditado Carlos Mario Jiménez, alias ‘Macaco’. La declaración se perdió por unos meses y luego apareció en un computador de la Comisión. Este hecho ocasionó la pérdida de confianza de la Sala en este funcionario, por lo cual lo declaró insubsistente. Cuando la Corte sacó a Pastás del cargo, la Comisión quedó en manos del magistrado Iván Cortés.
Sin embargo, ayer se conocíó que muchas de estas investigaciones se han quedado detenidas en el tiempo. Con solo 40 investigadores del CTI de la Fiscalía la Corte Suprema se adelantan cerca de 1839 investigaciones a congresista, gobernadores y ministros en procesos por parapolitica, farcpolitica y corrupción como la conocida 'mermelada' durante las campañas de elección popular y la Dirección Nacional de Estupefacientes (DNE).
El presidente de ese alto tribunal, José Francisco Acuña, aseguró que la Corte encargada de investigar a los políticos corruptos no tiene ni un solo investigador propio, "Debo revelar al país que la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia no cuenta con planta de personal para hacer las indagaciones. No hay un solo un investigador con cargo a presupuesto que nosotros podamos comisionar para la práctica de las diligencias”, manifestó Acuña.
El magistrado señaló que los 40 investigadores de la Fiscalía no dan abasto ni para el 30% de la carga laboral, "Tengo que admitir que las actuaciones que corresponden a investigaciones preliminares o sumarios no llegan a una decisión con la prontitud que queremos por la problemática que representa el trabajo de investigación en la Corporación”, señaló el presidente de esa corporación. Dice que con un cuerpo investigativo propio en menos de dos años la Corte evacuaría más de 1.800 expedientes.