Luego de que Colombia solicitará a Costa Rica la extradición de María del pilar Hurtado, la semana pasada a través del Ministerio de Relaciones Exteriores, las autoridades costarricenses afirmaron que no tenían conocimiento de que la exfuncionaria del DAS se encontrara en su país, sin embargo, expresaron que colaboraran con Colombia para dar con la ubicación de Hurtado.
Por su parte el canciller de Costa Rica, Manuel González, manifestó a Efe que las autoridades de su país establecerán si efectivamente Hurtado se encuentra en suelo costarricense. "Estamos atentos trabajando con las autoridades migratorias y policiales para que podamos brindar la colaboración que nos ha pedido el Gobierno de Colombia".
Además, el ministro Gónzalez, aseguró que hasta el momento lo único que se conocen son “rumores” sobre la estadía de Hurtado en su país. "No hay certeza, ni conocimiento, ni comprobación de que esté en Costa Rica, de que haya entrado legal o ilegalmente. La situación se mantiene igual, todo son rumores", agregó.
Sin embargo, El Servicio Nacional de Migración de Panamá y la Dirección de Migración y Extranjería de Costa Rica indicaron que no tienen registros de que la exdirectora del DAS haya ingresado al país centroamericano, es decir, Hurtado todavía está en suelo panameño.
Pese a los esfuerzos de la Fiscalía por capturar a Hurtado, Panamá negó la solicitud de extradición y manifestó que aunque a la exfuncionaria se le retiró la inmunidad diplomática en mayo por considerar su asilo político inconstitucional, afirmó que de encontrar a Hurtado en el país no sería deportada y lo único que harían sería imponer una multa por no arreglar su situación legal en Panamá.
Mónica De León, vocera de la cancillería panameña, expresó que toda decisión que tome el Gobierno panameño sobre Hurtado será “en apego a las leyes panameñas".
María del pilar Hurtado deberá responder ante la justicia colombiana por los delitos de violación ilícita de comunicaciones, concierto para delinquir agravado y abuso de función pública por el escándalo de las ‘chuzadas’ contra periodistas, magistrados y políticos.