Craso error, también impune

Tobón aún conserva las decenas de documentos que le sirvieron para demostrar su inocencia. /Luis Benavides

“Quiero dejar claro que el Negro Pabón era alto, moreno, de ojos grandes y negros, con dientes postizos que le fueron clavados en Nueva York”. Así describió Lía del Socorro Pabón a su hermano Jorge Elí, el sicario señalado de asesinar al director de El Espectador, Guillermo Cano Isaza, el 17 de diciembre de 1986. La declaración fue entregada en 1995 e hizo parte de una serie de testimonios con los que el comerciante Jorge Argiro Tobón, que en nada coincidía con esa descripción, intentó desmentir los señalamientos de las autoridades, que lo acusaban de ser el Negro Pabón. Informes de inteligencia elaborados por el DAS habían intentado en vano identificar al asesino, sobre quien los investigadores se referían unas veces como Jorgiño y otras como Jorge Tobón, Pabón o Pajón.

La incongruencia de los reportes y la aparente presión por encontrar a un culpable condujeron a que Tobón, quien era reconocido como constructor de piscinas y gestor deportivo de Barbosa (Antioquia), fuera incluido en el expediente. Por eso, y desde 1988, cuando fue proferida una orden de captura en su contra, el antioqueño se enfrascó en una carrera desesperada por demostrar su inocencia. A mediados de ese año expuso su caso ante monseñor Guillermo Vega, el procurador Horacio Serpa y el abogado Alirio Pedraza, quien emprendió su defensa. Sin embargo, en 1990, tras la desaparición forzada de Pedraza y el estancamiento de la investigación, Tobón se separó de su familia e intentó esquivar a las autoridades en distintos municipios de Antioquia. Mientras tanto, su esposa, Amparo Villa, acudía a los despachos judiciales para aportar documentos que le permitieran desenlodar su nombre.

La suerte los acompañó hasta septiembre de 1994, cuando agentes del DAS capturaron a Tobón y lo presentaron ante la prensa como un sicario. Las apariciones de su familia en los medios, en las que denunciaban que se estaba cometiendo una injusticia, permitieron que Amparo se reuniera con John Jairo Velásquez, alias Popeye, quien la puso en contacto con los hombres del cartel de Medellín que estaban recluidos en la cárcel de Itagüí. En julio de 1995, Carlos Mario Alzate, alias El Arete, y otros cuatro miembros del cartel firmaron una carta dirigida a un juez sin rostro en la que declararon: “El Negro Pabón fue un sicario al servicio de Pablo Escobar, hasta que fue detenido en Estados Unidos. En 1987 se reintegró al ala militar de la organización, fue muerto violentamente en Panamá y está sepultado en Medellín. Tenemos plena certeza de que Jorge Argiro Tobón no es la persona que se conoció con tal alias”.

Con esa y otras pruebas, el comerciante preparó su defensa. En agosto de 1995, en el juicio contra él y otros seis implicados en el homicidio de Guillermo Cano, leyó durante siete horas un documento en el que confrontó los argumentos de la Fiscalía. El 6 de octubre de ese año, un juez determinó que “en su caso se ha cometido una equivocación, originada en un apresuramiento por parte de los agentes del DAS y de la Policía Judicial, al no seguir una secuencia lógica de sus informes”, por lo que lo absolvió de todos los cargos. En la sentencia quedó consignada la dura opinión de Fredy Camacho, su abogado de entonces, quien expresó: “Los informes del DAS obedecen a mentiras construidas y dirigidas desde la cabeza del organismo, Miguel Maza Márquez, y están untados por dineros del narcotráfico”, lo que no fue probado.

Ya en libertad, Tobón intentó reconstruir su vida. Sin embargo, el impacto del proceso sobre su familia fue devastador. Según él, “las afectaciones psicológicas que esas acusaciones produjeron en mis hijos fueron muy duras para todos. Esa sindicación, que fue tan relevante a nivel nacional e internacional, nos sumió en una época muy dolorosa que nos marcó para siempre”. La tragedia se vio agravada por los altos costos del proceso judicial, que llevaron a la familia a la quiebra. La empresa Piscinas y Filtros Agua Linda, un estadero, una heladería, dos vehículos, una oficina y una casa, además de otras propiedades, desaparecieron para pagar mejores condiciones en la cárcel, viajes a Bogotá y abogados, muchos de los cuales exigían altas sumas de dinero por considerar que él era “un peso pesado del narcotráfico”.

Teniendo en cuenta los daños que le habían sido causados, Jorge Argiro Tobón demandó al DAS en septiembre de 1997. En 2004, el Tribunal Administrativo de Cundinamarca falló a su favor y le ordenó a esa entidad que lo indemnizara. Sin embargo, él y su familia consideraron que esos dineros “eran una limosna” y que no se correspondían con las pérdidas que el DAS les había ocasionado.

Entonces, el expediente llegó al Consejo de Estado, donde estuvo estancado entre 2005 y 2010. A partir de ese año, cuando el caso fue reasignado, el DAS presentó múltiples recursos, siendo el último de ellos una solicitud para que la Fiscalía lo reemplace en la defensa del Estado. Mientras el alto tribunal avanza con una lentitud pasmosa, Tobón, de 64 años, se ha visto obligado a manejar un taxi para costear sus gastos personales. Con la esperanza y la tozudez de entonces, cuando fue señalado de haber participado en uno de los crímenes más deleznables de Escobar, él y su esposa esperan que la justicia les dé la razón.

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