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El fiscal general Néstor Humberto Martínez hizo fuertes críticas a los sistemas de cooperación internacional para la lucha contra los sobornos transnacionales. Enfatizó en que la Convención Anticohecho de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE), que es la herramienta actual para combatir la corrupción, no es efectiva porque está diseñada bajo intereses de países industrializados que privilegian sus legislaciones sobre las de los países afectados. En pocas palabras, criticó la forma en que Brasil ha manejado las investigaciones del caso Odebrecht.
El sistema de cooperación de la OCDE privilegia a los países de los que son procedentes las empresas corruptoras, dijo el fiscal general. Agregó que eso crea dificultades para hacer investigaciones en el país receptor de sobornos, pues en el caso de Odbrecht, el acuerdo confidencial al que llegaron los 78 directivos les da inmunidad para ser procesados penalmente y permite que la constructora siga contratando con los Estados. Según Martínez, la situación genera graves líos, pues la entrega de pruebas y la cooperación internacional queda sujeta a los beneficios que le otorgaron Oderbecht en Brasil y no obliga a comparecer a los responsables de la constructora ante las autoridades de otros países.
Además, fuera de que en Brasil no extradita a sus ciudadanos, el convenio de la OCDE queda sin piso, pues una de las directrices de la lucha contra la corrupción es que las empresas que entregan sobornos no puedan seguir operando ni contratando. A esta situación se suma que, de la multa de más de US$3 billones que va a pagar Oderbecht a nivel mundial, un 80% irá a favor de Brasil, un 10% para EE.UU. y el otro 10% para Suiza. Es decir, ni un solo peso ingresará a las arcas de los Estados en los que se pagaron multimillonarios sobornos para desfalcar al erario. “Para Colombia ‘nanay’ cucas”, sostuvo el fiscal Martínez.
El fiscal Martínez explicó que el modelo que utilizó Odebrecht para pagar sobornos fue el mismo en todos los países. Luego de lograr que los funcionarios encargados de la contratación aceptaran coimas a cambio de direccionar licitaciones, los enviaban a Miami a una oficina de abogados para que los asesoraban en la creación de empresas offshore y así poder girar los dineros. Asimismo, la constructora y los abogados les recomendaban crear cuentas en el exterior en bancos que permitían las transacciones de los pagos ilegales.
Martínez señaló que fue tal el aparato de corrupción que creó Odebrecht, que en 2010 terminó comprando el Meinl Bank en Antigua y Bermuda, donde se utilizaron más de 40 cuentas para transferir más de US$1.609 millones que sirvieron para sobornar funcionarios por más de 15 años. Por ese banco fue que pasó la plata que le entregaron al exviceministro de Transporte Gabriel García Morales. Según Martínez, los fiscales de los 11 países que se reunieron hace unas semanas en Brasil coincidieron en que este banco fue la piedra angular de la red de corrupción.
Asimismo, criticó que muchos actores de la cadena de corrupción que creó Odebrecht quedarían por fuera de lo que establece el convenio de la OCDE. “La norma que está incluida en esta ley es contra el servidor público. ¿Y el cohechador dónde queda? ¿El prestador de servicios dónde queda? ¿Y el auxiliador sofisticado que bajo la manta de un contrato empieza a cooptar constreñidores para llevar a cabo el cohecho? Ese sofisticado servidor que recluta congresistas, servidores liberales, gobernadores y concejales para constreñir al servidor público con miras a que haga lo que quiera la empresa corruptora. Eso no existe en la convención de la OCDE. Quedémonos mejor con el código penal colombiano y hagamos justicia en Colombia”, puntualizó Martínez.