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Cuando las bacrim hablan de paz...

No es la primera vez que estas estructuras hablan sobre someterse a la justicia; sin embargo, apenas una de ellas —el Erpac— se ha sometido de forma parcial.

Juan Sebastián Jiménez Herrera
15 de abril de 2014 - 03:00 a. m.
En 2012 se desmovilizaron 450 integrantes del Erpac. / Fiscalía
En 2012 se desmovilizaron 450 integrantes del Erpac. / Fiscalía

No es la primera vez que las bandas criminales hablan de paz, de someterse a la justicia, de dejar las armas e incluso delatar a sus socios con el fin de obtener beneficios legales. Este fin de semana, Noticias Uno dio a conocer las declaraciones de dos jefes de la Oficina de Envigado y los Urabeños —ambas, estructuras criminales que durante años han azotado el Valle de Aburrá—, que aseguran que estas organizaciones criminales firmaron la paz entre ellas y están listas para “iniciar un proceso serio” de sometimiento a la justicia y de acuerdo con que “no haya impunidad para ninguno de los actores (del conflicto)”. Sostienen incluso que de ser necesario indemnizarían a las víctimas que hayan dejado sus acciones delincuenciales.

Es casi lo mismo que dijeron en su momentos los Rastrojos, las Autodefensas Gaitanistas (uno de los tantos nombres que han tenido los Urabeños en su historia), el Comando Al Sur (un invento de algunas bandas criminales para hacerse pasar por un grupo netamente paramilitar) y el Ejército Revolucionario Popular Anticomunista (Erpac).

Pero estos anuncios se han quedado —en su mayoría— en declaraciones de buena voluntad y ya. Por ejemplo, en 2009 se desmovilizaron en Nuquí (Chocó) 112 supuestos miembros de la estructura criminal de los Rastrojos; no obstante, a los pocos meses los mismos campesinos denunciaron ante la Defensoría del Pueblo que por lo menos 40 de los desmovilizados, al parecer, no eran integrantes de esa estructura criminal.

En 2011, el entonces obispo de Montería, monseñor Julio César Vidal, anunció que por lo menos 5.000 integrantes de los Rastrojos, los Urabeños, los Paisas y las Águilas Negras estaban dispuestos a someterse a la justicia y se habían contactado con él para que llevara ese mensaje al Gobierno.

“Ellos no piden mesa de negociación, sino que el Gobierno les abra un espacio para el sometimiento (...) Ellos reconocen que son narcotraficantes, quieren hacer esto y eso necesita un mínimo de espacio, no para negociar, sino para determinar quién es la persona que va a responder, dónde y cómo lo harían, en cuántos lugares del país, en qué fechas, cuál es la cárcel donde van a ser confinados (...) Todas esas cosas que incluye un sometimiento a la justicia”, dijo, en su momento, el prelado. Al final —pese al aval del Gobierno para el mencionado sometimiento— no pasó nada.

Luego, en 2013, un grupo autodenominado Autodefensas Gaitanistas (un intento de los Urabeños para que el Gobierno los tratara como a las Farc o a las Auc) emitió un comunicado en el que señalaba que “el Estado debe reconocer que además de las guerrillas, nosotros hacemos parte del conflicto, como el tercer actor que siempre hemos sido. Debe existir la conciencia de que mientras no hagamos parte de un proceso de negociación, la paz seguirá siendo una aspiración postergada en el imaginario colectivo. Siete mil hombres en armas, con presencia en todo el territorio nacional, no podemos ser ignorados”. Al final no hubo ni sometimiento ni negociación.

Con este panorama, no es extraño que apenas una banda criminal se haya sometido —parcialmente— a la justicia: el Ejército Revolucionario Popular Anticomunista. En diciembre de 2011, 450 integrantes de esta estructura, dirigida en su momento por Pedro Oliveiro Guerrero, alias Cuchillo, se entregaron a las autoridades, entre ellos, el sucesor de Cuchillo, José Eberto López, alias Caracho.

Sin embargo, a los pocos meses la ONG International Crisis Group y las mismas autoridades denunciaron que muchos de los integrantes del Erpac no se desmovilizaron y, en cambio, pasaron a engrosar las filas de dos estructuras criminales surgidas tras el mencionado sometimiento: el bloque Meta y los Libertadores de Vichada, dos organizaciones que, aunque han sido golpeadas por las autoridades, siguen convertidas en el dolor de cabeza de los Llanos Orientales.

Con tanto anuncio y pocos hechos, las autoridades esperan que esta vez el sometimiento de estas dos estructuras herederas de 30 años de criminalidad sea real. No bastan las buenas intenciones. No basta con hablar de paz para que esta sea real.

 

 

jjimenez@elespectador.com

@juansjimenezh

Por Juan Sebastián Jiménez Herrera

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